La oferta de la AMAC de albergar en uno de sus municipios asociados el ATC es inadmisible, injusta y, de llevarse a cabo, violarí­a la ley. Además pone de manifiesto, a juicio de la asociación Ecologistas en Acción, que toda la reclamación previa de información ha sido una mera pantomima. La AMAC no ha hecho sino ganar tiempo durante este periodo para que sus miembros se pongan de acuerdo en una postura común y no le han preocupado seriamente los problemas de seguridad y ambientales que el ATC puede ocasionar. En las últimas semanas todaví­a calificaban de insuficiente la información facilitada por ENRESA, a pesar de lo cual se han ofrecido para albergar el ATC.

La pretensión de que todos los pueblos de la AMAC sigan percibiendo las mismas cantidades que en la actualidad una vez se haya instalado el ATC en uno de ellos, no es admisible. En la actualidad los municipios cobran por tres conceptos: El Impuesto de Actividades Industriales, el de Bienes Inmuebles y las cantidades satisfechas por ENRESA como compensación por albergar los residuos de alta actividad. Las dos primeras percepciones desaparecerán en el momento en que la central nuclear deje de funcionar y se desmantele. El tercero de estos tres conceptos desaparecerá en el momento en que los residuos radiactivos se trasladen a otro emplazamiento. De acuerdo con la Ley, sólo el término municipal y los situados en un radio de 10 km del nuevo emplazamiento podrán percibir algún dinero. La propuesta de la AMAC es, por tanto, sencillamente inadmisible. Pero además es injusta, puesto que sacrifica a un pueblo para que todos los demás mantengan su nivel actual de ingresos.

Para Ecologistas en Acción esta oferta no es seria y no puede ser aceptada por la Comisión Interministerial. El debate sobre la gestión de los residuos no se puede separar del debate del futuro de la energí­a nuclear, como pone de manifiesto una vez más esta oferta de la AMAC. El necesario consenso social para la gestión de los residuos pasa por el establecimiento de un calendario admisible de cierre para las nucleares. El tiempo de vida útil de las plantas no debe exceder los 30 años, si queremos que la situación de sus sistemas de seguridad sea admisible.