Durante su participación en el "Foro de Denuncia de la Polí­tica Habitacional del Gobierno Espurio", Castillo Juárez mencionó que existe un rezago habitacional estimado en 5.3 millones de viviendas, además de las nuevas necesidades derivadas del incremento demográfico, que está proyectadas en 6.7 millones para el periodo 2007-2012, es decir, 12 millones de viviendas son indispensables para el final del sexenio.

Ante ello, expresó: "El Gobierno Legí­timo de México reivindica el derecho constitucional que tienen los mexicanos a contar con una vivienda digna y decorosa, así­ como reconoce que la carencia de este bien es uno de los problemas más graves que enfrentan los sectores de más bajos ingresos en nuestro paí­s".

Recordó que en diciembre de 2006, el Presidente Legí­timo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa al Presupuesto de Egresos de la Federación para otorgar 12 mil millones de pesos y construir, para este año, 200 mil acciones de vivienda en interés social, independientemente de las que edifican los organismos nacionales con el INFONAVIT y FOVISSSTE.

Asimismo, destacó que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación

Sumado a lo anterior, indicó, existen miles de familias en todo el paí­s que están siendo ví­ctimas del terrorismo jurí­dico del INFONAVIT y otras instancias federales a través de despachos particulares, con el objeto de despojarlas de su patrimonio y venderlo nuevamente.

Y así­ concretar, dijo, lo que se denomina acumulación de riqueza por despojo. "Muchas familias ya han sido desalojadas de sus viviendas y muchas más enfrentan demandas judiciales. Sólo para este año el INFONAVIT contempla recuperar 110 mil viviendas".

Por ello, indicó, es urgente establecer una estrategia de defensa jurí­dica efectiva, la cual dé apoyo y certeza a estos núcleos habitacionales, así­ como la inaplazable reforma a las diversas leyes y ordenamientos en la materia que logren una transformación a fondo del actual esquema financiero.

"Sólo así­ se podrá apuntalar el establecimiento de un Estado de Bienestar en el que el derecho a una vivienda digna y decorosa sea una realidad", comentó en la Casa de la Cultura Venustiano Carranza.

Ante la gravedad de los efectos de la polí­tica habitacional del gobierno de Calderón, la secretaria planteó la creación de una coordinación de carácter nacional que encauce las distintas problemáticas.

También, exhortó a articular esfuerzos y delinear el rumbo a seguir para hacer frente a esta voracidad financiera del gobierno calderonista que pretende disfrazar de polí­tica social su verdadero proyecto de acumulación por despojo. Para el 2007 un moto de 7 mil millones de pesos entre FONHAPO y CONAVI para la aplicación de subsidios dirigidos a la oferta de vivienda para dar el enganche de un crédito en UDIS a pagar durante 25 años, es decir, la deuda se incrementarí­a por encima de la inflación.
Con base en lo anterior, Castillo Juárez convocó a los mexicanos a conformar el Consejo Nacional de Defensa de la Vivienda ; participar en la Segunda Convención Nacional Democrática en la que se tiene contemplado abordar esta temática dentro de la Mesa de Trabajo relativa al Estado de Bienestar. Y a seguir realizando foros en los que se aborde esta problemática de forma abierta y colectiva, con el propósito no sólo de continuar documentando los efectos de una polí­tica perversa en materia de vivienda, sino sobre todo, para consolidar propuestas que le hagan frente de forma organizada y solidaria.

En su oportunidad, el ex presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso de los Bribiesca, Jesús González Schmall, dijo que no debe quedar sin castigo el tráfico de influencias de Martha Sahagún, esposa del ex presidente Fox, para favorecer a sus hijos, y destacó que "antes o después el gobierno legí­timo arribará al poder y estos casos no quedarán impunes".

Afirmó que el gobierno de Calderón lo único que ha hecho en 100 dí­as es "meternos en un problema de militarización del paí­s, de inseguridad permanente y de desví­o de recursos"; además del caso de los Bribiesca, del caso ISOSA y otros, planteó que ahora es necesario investigar el caso de César Nava, secretario particular de Calderón, que "se embolsó más de 2000 millones de pesos de comisión por asignación de contrato del puente subterráneo en Coatazacoalcos".

Por su parte, el coordinador nacional de Unidades Habitacionales, Gonzalo Hernández, denunció que miles de familias en todo el paí­s están siendo ví­ctimas de un terrorismo jurí­dico por parte del Infonavit.

Mencionó que esta dependencia federal, a través de despachos particulares como Recuperadora de Deuda Hipotecaria, SCRAP 2, Grupo Ascer y Pendulum y Asociados, tiene planeado recuperar alrededor de 105 mil viviendas que se encuentran en cartera vencida.

En el "Foro de Denuncia de la Polí­tica Habitacional del Gobierno Espurio" participaron el diputado e integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Gerardo Villanueva; y el diputado federal de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco, así­ como diversos representantes de organizaciones sociales.