Al mismo tiempo, cada dí­a se destapan nuevos casos de corrupción inmobiliaria y escándalos urbaní­sticos, siendo la zona en la que vivimos una de las más afectadas, ya que la construcción salvaje en el litoral ha venido siendo una constante en nuestras tierras.

La vivienda se ha convertido en un graví­simo problema social que condiciona negativamente la vida de millones de ciudadanos ilicitanos, especialmente de los jóvenes. Sirvan como muestra algunos datos: entre 1987 y 2004, el coste medio de la vivienda, en términos reales, ha crecido trece veces y media más que los salarios; la deuda de las familias alcanzó en septiembre de 2005 los 674.410 millones de euros, y un 86% de esa deuda proviene de los préstamos para compra de vivienda.

Disponer de un hogar es una tarea prácticamente imposible, pues a la dificultad de comprar una vivienda en propiedad hay que añadir que sólo se alquila el 11,3% de ellas, la inmensa mayorí­a con unas mensualidades astronómicas.

En los últimos años, los permisos de construcción en España han superado los correspondientes a los de Alemania, Reino Unido e Italia juntos, pero sólo el 68,5% del total se está utilizando como vivienda principal. Es decir, en un paí­s en el que millones de ciudadanos tienen severamente restringido el acceso a una vivienda, hay más de seis millones vací­as o utilizadas de cuando en cuando.

Desde el MUP consideramos indignante que se realicen ferias inmobiliarias como la que se inaugura este jueves en IFA ya que se llama a la especulación inmobiliaria de inversores extranjeros y se fomenta la venta de suelo y vivienda como un producto de mercado, cuando en realidad deberí­a tratarse desde las administraciones como un bien que es un derecho de todos, tal y como refleja la propia Constitución. Certámenes como este tienen el objetivo de convertir nuestra tierra y nuestras costas en segundas residencias de los ricos de Europa, al tiempo que las degradan medioambientalmente y contribuyen a encarecer aún más el precio de las viviendas.