Es esta reforma el segundo eje sobre el que gira la polí­tica socio-laboral del Gobierno socialista, siendo el primero la Reforma Laboral aprobada el pasado mes de mayo.

Así­, se endurecen las condiciones generales de los trabajadores para acceder a una pensión, además de incentivar la permanencia en el trabajo más allá de los 65 años.

Más especí­ficamente, y respecto al perí­odo de cotización mí­nima para tener derecho a la pensión de jubilación, se pasa de 12,5 años a 15 años completos, "premiando" a aquellos que sigan trabajando a partir de los 65 con una subida de un 2% en su pensión cada año cotizado después de esta edad.

Al mismo tiempo, esta reforma endurece los requisitos para acceder a la jubilación parcial y anticipada, aumentando la edad necesaria y los años de antigí¼edad en la empresa para poder tener derecho a la prestación.

El hecho puntual de permitir el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y el supuesto avance que ello significa, se desvirtúa al ver el contenido del texto que indica que solo tendrán derecho aquellas que acrediten cinco años de convivencia o tengan hijos comunes. Lo mismo ocurre en caso de Incapacidad Permanente, donde la mí­nima reducción del periodo de cotización para la prestación no compensa ni devuelve la salud de los trabajadores que quedan incapacitados solo por ir a trabajar.

En general, esta reforma supone un nuevo revés en la aspiración de los trabajadores a trabajar menos para trabajar todos, en aumentar la calidad de vida y la garantí­a de dignidad económica en los últimos años de la vida de las personas y avanza por los senderos ya conocidos de las recetas neoliberales que propició esta Europa-fortaleza a través de sus acuerdos de Maastricht y Lisboa.