El juicio deriva de una denuncia presentada por el Juez de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Almerí­a por el contenido critico de un escrito de recurso que la letrada presentó contra una sentencia de ese Juzgado a favor del Ayuntamiento de Nijar. Esa sentencia, por cierto, luego fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucí­a y determinó que ese ayuntamiento habí­a actuado con \"desví­o de poder\".

La abogada ha tenido que hacer frente a una fianza de 27.200 euros y se enfrenta a una petición de multa y de 30.000 euros de indemnización.

Ecologistas en Acción de Almerí­a y sus letrados vienen interponiendo numerosas acciones legales por infracciones de la legalidad urbaní­stica y medioambiental que cometen particulares y la propia administración. En esas acciones ha estado particularmente involucrado el Ayuntamiento de Nijar. Los ecologistas consideran que la actitud de algunos jueces de Almerí­a es notablemente discriminatoria hacia los asuntos que presentan y que, además, están sufriendo un continuo acoso por parte de determinadas instituciones de Almerí­a. Ecologistas en Acción denunció ante el Consejo General del Poder Judicial hasta 19 irregularidades en algunos juzgados de esa capital y se ha pedido amparo ante otras instancias por el mencionado acoso.

Ecologistas en Acción está detectando un recrudecimiento de los casos de ecologistas procesados por injurias en relación con actuaciones en defensa de la legalidad urbaní­stica, con la particularidad de que el acoso se ha extendido contra algunos de sus abogados. Esto es especialmente grave en algunas zonas donde existe un complejo entramado de intereses urbaní­sticos que transgreden sistemáticamente y con notable impunidad dicha legislación. Recientemente la Confederación de Ecologistas en Acción realizó un informe contabilizando unos 50 casos de acoso judicial o adminsitrativo en los últimos años.

Mas de 36 letrados especializados en medio ambiente de varias Comunidades Autónomas han notificado al Juzgado de Almerí­a que ha instruido el caso que tienen intención de actuar como co-defensores de Pilar Rodrí­guez. El Presidente del Consejo General de la Abogací­a Española se interesó también por el asunto y dio traslado del mismo al Colegio de Abogados de Almerí­a, al CGPJ y al Presidente de la Junta de Andalucí­a.