La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Fí­sica y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid, resalta la importancia de que la normativa que regula las ayudas técnicas y las ortopedias se ajuste a las necesidades de los usuarios de prótesis y ortesis. Las primeras sustituyen una parte delcuerpo que ha tenido que ser amputada mientras que las segundas se refieren a apoyosexteriores al organismo que sirven para mejorar la calidad de vida de los afectados.

La ausencia de normativa en este sentido en la Comunidad de Madrid es absolutamente deficitaria ya que la Ley actual no se ha modificado desde el año 2.000. Desde esta fecha, las ayudas técnicas han evolucionado de manera considerable pero su precio también se haincrementado sin que los recursos económicos que se destinan a estas partidas hayan sufrido variación alguna.

Para solucionar el vací­o legal existente se encuentra en proyecto una nueva Orden que sustituirí­a al texto actual realizado por el ya desaparecido INSALUD. En este documento, FAMMA-Cocemfe ha detectado incongruencias en distintos aspectos. Por ejemplo, la garantí­a de los productos independientemente de cuáles sean se unifica en dos años paratodos ellos. En este sentido, Javier Font, Presidente de la Federación declara que "las ayudas técnicas tienen que ajustarse a las necesidades de la persona que las va a utilizary no es lógico que se equipare la garantí­a de una silla de ruedas con la de una prótesis,es decir, deberí­an ponerse en marcha protocolos de actuación individualizados para optimizar los recursos con sensatez y coherencia". En este aspecto, la Orden reduce los derechos de algunos usuarios porque la Ley de 2.000 da la oportunidad de cambiar algunos materiales ortoprotésicos al año. Según el presidente de FAMMA, "el desconocimiento de quienes regulan estas ayudas hace que se aplique una polí­tica de café para todos y para todos por igual, cuando las necesidades de cada persona y la resistencia del material de las distintas ayudas técnicas son variables".

Por otra parte, el catálogo de productos que prevé la nueva Orden apenas se ha ampliado, sólo recoge como innovación el casco craneal y la inclusión de prótesis bioeléctricas cuando se carezca de un solo miembro mientras que anteriormente se exigí­a la amputación de ambos.

Además, según la Ley en vigor, el valor de las prótesis se establece por piezas de tal manera que en caso de que una de ellas se estropeara se podí­a sustituir, mientras que el nuevo texto contempla las ayudas por bloque. Esta medida perjudica a los usuarios porque el importe de sustituir una pieza siempre va a ser menor que el de cambiar la prótesiscompleta o una gran parte de ella. Así­, la persona que utiliza una prótesis tendrá que gastar más a la hora de renovarla. La opinión de la Federación en palabras de su Presidente seinclina porque "tienen que ser las ayudas técnicas quienes se adapten a las personas y nunca al contrario, no se pueden imponer modelos cerrados porque cada usuario es diferente. No es lo mismo la vida que lleva una persona mayor que sufre una amputación que un joven, sus actividades son diversas, a veces lo más caro no es lo más conveniente".

Una queja más del movimiento asociativo se dirige hacia el precio y los recursos económicos que se destinan. Mientras que la tecnologí­a ha avanzado, las cuantí­as de las ayudas no han avanzado prácticamente nada, por lo que se produce un verdadero desfase que ya existí­a en el año 2.000 sin que la nueva Orden corrija este desequilibrio. Según Javier Font, "las ayudas destinadas a la adquisición de material ortopédico no cubren el 100% del coste que suponen este tipo de ayudas lo que propicia una imposibilidad de comprar la ayuda más adecuada, perjudicando el estado de salud del individuo y propiciando un coste sanitario mayor además de provocar un retroceso en la calidad de vida de las personas con discapacidad."

Por las razones expuestas en este comunicado, la Federación reclama una vez más la participación de los propios afectados cuando se ponen en marcha polí­ticas dirigidas a las personas con discapacidad porque son ellas mismas quienes mejor conocen sus necesidades y disponen de la información más exacta. Sin embargo, las autoridades competentes parecen ignorar esta ví­a a la hora de elaborar las normativas, como en este caso.

FAMMA"“Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a más de 40 asociaciones y representa a más de 35.000 personas. Al ser la interlocutora de la discapacidad fí­sica y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.