La familia Couso Permuy se reunirá el lunes 5 de febrero a las 19:30 horas, con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, con la intención de "recabar del Gobierno el firme cumplimiento de los Convenios Bilaterales de Cooperación Judicial vigentes" entre España y los Estados Unidos de América (EEUU).

Durante la entrevista, la familia Couso planteará al ministro la posibilidad de que se denuncien los convenios de cooperación judicial suscritos con EEUU si la administración de Justicia de este paí­s no cumple con los requerimientos de los tribunales españoles durante la instrucción del "caso Couso" y sigue ignorando sus resoluciones.

La familia Couso también preguntará a López-Aguilar sobre la actitud que mantendrá el Gobierno en el caso de que alguno de los militares estadounidenses implicados en el asesinato de Couso sea detenido y si pedirá su extradición para que pueda ser juzgado en España.

La familia Couso será recibida por el titular de Justicia después de haber solicitado la reunión a través de una carta, en la que le recordaba al ministro la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el "caso Couso", que obliga a la Audiencia Nacional a continuar con la investigación judicial por el asesinato del cámara de televisión José Couso, cometido por el ejército estadounidense en Bagdad, el 8 de abril de 2003, durante la invasión de Irak.

La familia Couso recordará a López-Aguilar que el fallo judicial ha reactivado "la vigencia de la orden internacional de busca y captura" dictada por la Audiencia Nacional contra tres militares estadounidenses: el sargento Thomas Gibson, de la Compañí­a A del Regimiento de Blindados número 64 de la Tercera División de Infanterí­a Acorazada del Ejército norteamericano; el capitán Philip Wolford, que estaba al mando de la unidad de blindados de la Compañí­a A; y el teniente coronel Philip de Camp, responsable del Regimiento.

En ese escrito, el portavoz de la familia indicaba que la sentencia 1240/2006 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de diciembre pasado, "ha dado un vuelco sustancial" al "caso Couso", porque, además de reconocer la jurisdicción de los jueces y tribunales españoles para instruir el crimen de guerra cometido en la persona del cámara de televisión, ha supuesto un "varapalo" para la Fiscalí­a General del Estado.