Finalmente parece ser que los distintos Estados participantes en la Cumbre de Biodiversidad no llegarán a un acuerdo para controlar la deforestación de los bosques tropicales. El veto para la consecueción de una explotación racional de los bosques viene principalmente de los propios paí­ses que los albergan, principalmente Brasil y Malasia, si bien es clara la presión que están ejerciendo las empresas madereras e importadoras, con sede en la mayorí­a de sus casos en los paí­ses del Norte.

La actitud de los paí­ses de la UE, a favor de llegar a un acuerdo de protección, choca con las polí­ticas nacionales que en la mayorí­a de sus casos se desarrollan en sus propios territorios nacionales. Al no ejercer un control sobre las actividades de sus empresas en otros paí­ses ni sobre las importaciones que realizan sobre los recursos madereros, la UE es también responsable de la situación de destrucción del bosque tropical.

En el caso de España en la normativa que disponemos no se recogen los criterios sobre gestión sostenible ni la gestión de la biodiversidad forestal. Tal es el atraso que la Ley de Montes es una norma preconstitucional, aprobada en 1957.

Los bosques tropicales representan las principales reservas de biodiversidad. Se estima que el 90% de la biodiversidad de todo el planeta puede estar presente en estos ecosistemas. La amenaza que supone el comercio indiscriminado de sus recursos y el cambio climático puede llevar a la desaparición de la mitad de las especies arbóreas en los próximos 50 años. Actualmente el 1% de los bosques tropicales desaparece anualmente. Para Raúl Urquiaga, Responsable del Área de Biodiversidad de Amigos de la Tierra "es imprescindible de cara a la conservación de la biodiversidad que los distintos Estados emprendan actuaciones ambientales integradas a las polí­ticas económicas, hidrológicas, agrarias y de ordenación del territorio, a la vez que armonizar los distintos usos que se ejercen sobre los recursos naturales con la protección de los mismos". Asimismo indica que "la solución más efectiva desde el Convenio de Biodiversidad para conseguir un uso controlado de los bosques serí­a a través de un Protocolo especí­fico elaborado desde el mismo Convenio".

El segundo tema principal de la Cumbre, el de establecer medidas para el reparto equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, se ha saldado con la aprobación de un documento de buenas prácticas y de aplicación voluntaria. Esta guí­a práctica, si bien es un primer paso necesario para controlar el expolio de recursos genéticos en las zonas de mayor biodiversidad y que supone un arma defensiva para los paí­ses que la albergan, es un documento insuficiente y que llega con varios años de retraso. Pese a que el reparto equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos es el tercer objetivo del Convenio (Artí­culo 1) (los otros dos son la conservación y el uso sostenible), hasta el momento es la primera medida efectuada tras 9 años desde su entrada en vigor y su aplicación voluntaria resta posibilidades para que el beneficio sea realmente repartido.