La mayorí­a de los gestores cinegéticos, rehaleros, galgueros y cazadores particulares, prescinden de los animales incapacitados, bien por edad o por no reunir las condiciones optimas para l a caza, por medio de sistemas absolutamente cruentos e injustificados, cuando no, se abandonan a su suerte, pereciendo, después de un largo proceso de sufrimiento y decadencia, bajo las ruedas de vehí­culo, matados en los centros de control y recogida de las distintas Administraciones públicas, o tiroteados por la guarderí­a de campo que custodia celosamente las especies de fauna silvestre que son objeto de caza.

Ese es el destino de aproximadamente 100.000 de perros de "usar y tirar", sin que nadie, salvo la organizaciones ecologistas y animalistas levante la voz para denunciar una realidad que deberí­a generar vergí¼enza entre la clase polí­tica y la sociedad en su conjunto de nuestro paí­s.

Mientras que están vivos, la mayorí­a de estos animales se mantienen en pésimas condiciones y su vida se puede considerar auténticamente miserable en la mayorí­a de los casos. Mal alimentados, hacinados y peor tratados. La obediencia ciega e incondicional se consigue después de reiterados malos tratos e incluso palizas.

Ecologistas en Acción considera que la única garantí­a de protección de los perros utilizados en la práctica cinegética, pasa por la prohibición de algunas modalidades de caza con perro. Entre las modalidades que juzgamos necesario prohibir esta la caza de la liebre con galgo. Sin duda es la modalidad de caza, junto a las rehalas utilizadas en la caza mayor, donde se concentran las tasas más altas de salida y entrada de perros.

Nada de esto cambiará mientras que las Administraciones públicas mantengan y favorezcan un trato de favor en este sentido, con los colectivos cinegéticos y afines.

Ecologistas en Acción considera fundamental la redacción y aprobación de un Ley nacional de defensa y reconocimiento de derechos de los animales, en consonancia con la normativa de los paí­ses de nuestro entorno.

Finalmente, es importante que los ciudadanos pongamos en conocimiento de las autoridades públicas los casos de maltrato, abandono y muerte injustificada de animales de compañí­a. Solo con una insistencia, a través de numerosas y constantes denuncias formales y públicas, podremos erradicar una situación tan deleznable.