Madagascar cuenta desde el pasado mes de febrero con un gobierno bicéfalo y con una gestión anárquica como consecuencia de las irregularidades en las elecciones celebradas el 16 de diciembre del año pasado y que forzaron a Marc Ravalomanana a autoproclamarse presidente al considerar que habí­a obtenido más del 52% de los votos.

Como respuesta a la autoproclamación del que hasta entonces era alcalde de Antananarivo, el presidente saliente, Didier Ratsiraka, declaró el estado de emergencia en la nación e impuso el toque de queda.

El corte de carreteras, la destrucción de puentes y el acceso de la costa a la capital para desabastecer al interior de carburante y de todo producto de importación, son los métodos que Ratsiraka está utilizando para hacer pasar la pugna polí­tica por un problema étnico y reavivar artificialmente antiguas tensiones tribales: la costa contra el interior.

Esta situación está llevando a la asfixia a toda la población del interior que ya no puede encontrar en el mercado ningún tipo de carburante. En el mercado quedan menos del 20% de los productos básicos y las capas más desfavorecidas de la sociedad empiezan a pasar hambre.

La población civil está armada y la policí­a y el ejército empiezan a tomar partido a tí­tulo personal. Así­, en Fianarantsoa, a 400 kilómetros al sur de la capital, las tendencias polí­ticas están más repartidas y, después de tres meses de huelga general, ha estallado la guerra civil.
La desconfianza polí­tica y el hambre son ahora los principales protagonistas de un paí­s donde las violaciones de los derechos humanos son sistemáticas por ambas partes y los testigos cada vez son menos.

Manos Unidas, que sigue este enfrentamiento con preocupación, continuará pendiente del desarrollo del conflicto y denunciará, en la medida de lo posible, todo lo que allí­ ocurra.