La pasada noche, los negociadores del Parlamento aceptaron un trato que simplemente maquilla la ya defectuosa propuesta del Consejo relativa al "control adecuado" de las sustancias. Este enfoque, liderado por la industria quí­mica, está fundado en la idea de que nuestra exposición a sustancias quí­micas peligrosas puede ser controlada de forma que no suponga un daño para la salud y el medioambiente. Este argumento ha sido rechazado por numerosos estudios que demuestran que las sustancias quí­micas peligrosas industriales, empleadas en los productos de consumo, están ampliamente distribuidas en el polvo de la casa, en la lluvia, en la fauna, en nuestra propia sangre y en los fetos.

El acuerdo confirma la postura del Consejo de diciembre pasado según el cual la sustitución afectará a los sustancias quí­micas persistentes y bioacumulativas. También permitirá a los ciudadanos solicitar información sobre la presencia de una serie de sustancias quí­micas peligrosas en los productos.

Las organizaciones instan a los Miembros del Parlamento Europeo a resolver las lagunas que puedan permitir a las compañí­as quí­micas continuar usando sustancias muy peligrosas incluso cuando existan alternativas más seguras. La decisión de que los planes de sustitución se lleven a cabo sólo cuando los propios solicitantes hayan identificado una alternativa más segura, es un incentivo claro para que las compañí­as quí­micas continúen ignorando dichas alternativas.

REACH fue concebido originalmente para eliminar las lagunas en el desconocimiento sobre sustancias quí­micas y para establecer un sistema eficaz y coherente para la gestión de las mismas. Sin embargo, con miles de quí­micos todaví­a exentos de requisitos informativos relativos a la salud y la seguridad, y sin una sustitución sistemática para aquellas sustancias de alto riesgo, la escasa ambición del compromiso alcanzado no proporcionará una mejora real en la legislación vigente. Con un acuerdo sobre REACH que no garantiza la protección de la salud humana y del medio ambiente, Europa ha perdido la oportunidad de liderar la batalla por unas sustancias quí­micas más seguras, además de provocar una merma de la confianza pública en la industria quí­mica y en los legisladores europeos.