El Tribunal Supremo tendrá una excelente oportunidad el próximo 5 de diciembre para enmendar las erróneas decisiones inspiradas por el Ministerio Fiscal y adoptadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que carecí­a de jurisdicción para enjuiciar el crimen de guerra del que fue objeto José Couso y que decidió el archivo de la querella.

El Tribunal Supremo también tendrá ocasión para aclarar los delirantes argumentos esgrimidos por la Audiencia Nacional, que calificó de -acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado- el ataque contra el Hotel Palestina -lugar libre de soldados por interesar al régimen de Sadam Hussein y conocido por todos los habitantes de este planeta por alojarse en el la prensa internacional-, donde murieron Couso y Taras Protsyuk, cámara de la agencia Reuters..

Los Hermanos, Amigos y Compañeros consideran que la admisión del recurso por el Tribunal Supremo servirá para satisfacer los más simples anhelos de Justicia perseguidos por los familiares de Couso y para allanar el intrincado camino que ha seguido este procedimiento judicial desde la presentación de la querella a finales de mayo de 2003.

Los HAC todaví­a confí­an en la Justicia y consideran que el Tribunal Supremo podrí­a adoptar una decisión favorable a las pretensiones de la familia durante el estudio del recurso de casación, por entender que podrí­a aplicar a este crimen de guerra la doctrina de -jurisdicción universal- esgrimida por el Alto Tribunal en los -casos Guatemala y Soria-, por la que los tribunales españoles son competentes para juzgar los delitos de genocidio y tortura aunque se hayan cometido fuera del territorio español.

Los Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso piden a los magistrados del Tribunal Supremo Luis Román Puerta, Joaquí­n Delgado, Joaquí­n Jiménez, Julián Sánchez Melgar y Miguel Colmenero que en sus deliberaciones no atiendan a los argumentos del Ministerio Fiscal, por considerar que hasta el momento esta institución no ha servido a los intereses públicos y que su actuación se ha guiado por las instrucciones recibidas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Madrid, a 1 de diciembre de 2006.