Después de más de un año y medio de trámite parlamentario hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el texto definitivo de la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa. Desde la Campaña "¿Quién debe a quién?" valoramos que ésta no satisface las aspiraciones de los pueblos empobrecidos del Sur.

A pesar que la Ley incorpora algunas de las demandas de la sociedad civil, hay cuatro grandes lagunas que no ha contemplado el texto final.

La primera de ellas es que no considera que exista responsabilidad alguna de la Administración española en el origen del endeudamiento de los paí­ses del Sur. En consecuencia, no anula deudas que fueron contraí­das para vender armas españolas a dictadores corruptos, como es el caso de la deuda somalí­ o angoleña; o para financiar proyectos fracasados, que no pretendí­an buscar el beneficio de la población sino el lucro de unos pocos, como es el caso de la papelera Celgusa en Guatemala; o para la venta fraudulenta de material sanitario que nunca existió en el caso de Malawi, asegurado por un crédito a la exportación de la compañí­a española CESCE, para citar algunos ejemplos.

En segundo lugar, si bien es cierto que la Ley compromete al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley para regular el FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) y otro para CESCE (Compañí­a Española de Seguros de Crédito a la Exportación) antes de finalizar esta legislatura, ésta no contempla el
contenido básico que contendrán estas normativas. Las actuales polí­ticas geoestratégicas del Gobierno español en el escenario internacional nos hacen temer que el contenido de estas leyes no será favorable a los intereses de los pueblos empobrecidos. Al contrario, es altamente probable
que sigan potenciando intereses puramente económicos y desconociendo los graves violaciones de Derechos Humanos, la crisis ecológica mundial, los conflictos armados y la pobreza que padece la mayor parte de la población mundial, favoreciendo que se puedan continuar generando deudas ilegí­timas. Y lo que es más grave, se dota al FAD de más de 500 millones de euros "frescos", lo que merma la calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). El aumento del FAD es inaceptable y contradictorio con la propia Ley de Deuda Externa que prevé revisar este mecanismo de generación de Deuda. La oposición al incremento de los fondos canalizados a través del FAD no deberí­a sin embargo, impedir el crecimiento de la AOD en general.

En tercer lugar, por lo que respecta a la participación de la sociedad civil del Norte y del Sur en la gestión de la deuda externa, la Ley sólo
"propiciará" vagamente la participación, pero no recoge la creación de una Comisión Parlamentaria Permanente sobre la deuda externa, cuya función
serí­a establecer responsabilidades sobre la concesión de créditos ilegí­timos, así­ como su posterior anulación, tal como exigí­a nuestra Campaña desde el principio. Por ello hacemos un llamamiento al Consejo de Cooperación que tenga un papel activo en el seguimiento del cumplimiento de esta Ley y que solicite toda la información a la que puede acceder
según la misma.

En último lugar, la Ley aprobada dice que una vez alcanzado el 0,7% del PIB el Gobierno presentará ante los Organismos Internacionales las iniciativas oportunas para dejar de contabilizar las operaciones de deuda como AOD. Esto queda muy por detrás de lo polí­ticamente posible. Paí­ses como Noruega ya lo están haciendo. Esto evidencia que el actual aumento de la AOD por parte de Gobierno no se entiende sin la contabilización de la deuda.

Una vez aprobada la Ley, nuestra lucha por la abolición de la Deuda Externa sigue. Desde "¿Quién debe a quién?" animamos a movilizarnos para continuar reclamando y exigiendo el reconocimiento de la corresponsabilidad del Estado español en la generación de la deuda en los paí­ses del Sur. Con la esperanza que se acabe con la impunidad y que pronto pese más la voluntad de restituir la justicia que el cobro de deudas de muy dudoso carácter legí­timo.