De igual forma queremos recordar a la sociedad que los accidentes son evitables en una gran parte ya que en la mayorí­a de los siniestros el factor humano es causa determinante del accidente y del agravamiento de sus consecuencias.

También exigimos a nuestros gobernantes que profundicen en la lí­nea iniciada de castigar con contundencia a los reincidentes aplicándoles, antes de que causen un siniestro con daños irreparables, penas de prisión.

Una legislación adecuada y con penas duras para los que desprecian la vida de los demás y agreden con su conducta al resto de los ciudadanos tiene un importante efecto disuasorio que debe ser usado sin reparos para proteger a la sociedad de quienes son incapaces de cumplir las normas de convivencia.

La inversión en más medios (de personal y materiales) para el control de los infractores es uno de los pilares básicos de la reducción de la siniestralidad. De nada sirve tener leyes adecuadas si no existen medios para vigilar su aplicación y, sobre todo, evitar con anterioridad la consumación del daño.

Pedimos un aumento de la plantilla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y más y modernos medios para su trabajo. No es de recibo que se puedan recorrer en autoví­a cientos de kilómetros sin encontrar agentes de tráfico y mucho menos que en carreteras secundarias su presencia sea, cuando menos, puramente testimonial.

Los jueces y fiscales tienen un importante papel en todo esto. Deben dejar a un lado las contemplaciones y aplicar la ley con dureza ante quienes, de manera reiterada, transgreden las normas de convivencia.

La sociedad debe usar todos los medios a su alcance para evitar ví­ctimas inocentes de los accidentes de tráfico.

Otra de nuestras constantes reivindicaciones, que parece empezar a encontrar eco con los responsables de la DGT, es la necesidad de que las ví­ctimas podamos contar con unos servicios mí­nimos de apoyo, información y ayuda.

No es digno ni justo que ante una desgracia derivada de un accidente de tráfico hasta ahora solo podamos contar con asistencia sanitaria pero no dispongamos de una mí­nima información legal, social, laboral, de prestaciones o con asistencia psicológica reglada.

Parece ser que ese camino del apoyo a las ví­ctimas se inicia y eso nos hace albergar esperanzas de que la soledad y angustia con que hasta ahora debí­amos afrontar la muerte o el daño de un ser querido podrá, dentro de poco, verse paliada por servicios básicos de ayuda.