La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE) manifiesta su preocupación ante la aprobación por parte del Congreso peruano de la reforma de la ley 26792, que modifica las atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que puede suponer un lí­mite a la acción y a la autonomí­a de las diversas Organizaciones No Gubernamentales. Mediante esta reforma, la APCI podrá vetar aquellas actuaciones o proyectos que estime que no se ajustan a las prioridades de la cooperación técnica que fije la Administración Pública. El temor de las organizaciones de la sociedad civil estriba en que esta iniciativa legal pueda ser utilizada como una forma de acallar y/o perseguir a personas y asociaciones civiles que cuestionen o denuncien irregularidades en la gestión del Estado, ineficacia de algunas polí­ticas públicas o violación de derechos humanos.

A juicio no sólo de las ONG peruanas y extranjeras, sino también de un grupo de congresistas y anteriores directivos de la propia APCI, la reforma atenta contra las libertades de asociación y contratación previstas en la Constitución. Dicha reforma puede tener graves consecuencias para la estabilidad jurí­dica y para la democracia, ya que el gobierno podrá intervenir de forma discrecional en las actividades de entidades privadas que trabajan en la cooperación al desarrollo.

Bajo el pretexto de mejorar en transparencia, esta ley puede suponer un lí­mite a la acción y a la autonomí­a de las diversas organizaciones no gubernamentales (universidades, asociaciones civiles, fundaciones, entidades profesionales, comunidades religiosas, etc.) frente a los intereses y prioridades del gobierno de turno.

La CONGDE considera que es "muy preocupante que esta ley pueda dejar en manos del Gobierno peruano la capacidad de controlar a las organizaciones de la sociedad civil". Esto podrí­a suponer que aquellas ONG que adopten posturas crí­ticas sobre actuaciones o decisiones gubernamentales podrí­an ser reducidas o anuladas a través de la coerción que la reforma legal parece dejar en manos de la APCI. La Coordinadora de ONGD alerta de que "la aplicación de esta ley puede constituir un paso atrás en el fortalecimiento de la democracia en Perú y puede suponer un retroceso de la cooperación internacional con este paí­s". Actualmente, 48 ONGD españolas de las federadas en la CONGDE desarrollan en Perú proyectos de cooperación al desarrollo.

"La reforma de la ley puede constituir una importante pérdida de independencia de la sociedad civil respecto a los poderes gubernamentales", afirma José Marí­a Medina, presidente de la Coordinadora. "Las ONG ocupan espacios de actuación claramente diferenciados respecto del aparato estatal y del mercado. Dentro de su campo de trabajo deben tener libertad para desarrollar la búsqueda y propuesta de soluciones a los conflictos de intereses que se producen en el escenario social, polí­tico y económico, así­ como para ejercer una sana función de control social sobre las instituciones públicas".

La Coordinadora ha hecho llegar a las autoridades peruanas -a través del embajador de Perú en Madrid- y a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional en España, Leire Pají­n, un documento donde alerta de los posibles peligros de esta reforma y donde solicita que el Congreso peruano revise su decisión y busque una regulación que sea consensuada con la propia sociedad civil.