La sentencia confirma que Albert no tomó parte en ella, jurí­dicamente porque no habí­a pruebas suficientes como para asegurar que era responsable de los hechos que se le imputaban, por lo cual queda absuelto. No podemos sino mostrar nuestra satisfacción por ello.

En cualquier caso la sentencia sí­ que considera probado que el 3 de julio de 2004 un grupo de 50 personas de la plataforma Transgènic Fora irrumpieron en las plantaciones del IRTA y segaron el campo experimental de cereal. Para concluir esto no hací­a falta haber celebrado el juicio.

Lo preocupante del asunto es qué hubiera ocurrido si Albert sí­ que hubiese tomado parte en la acción, o si alguna de las personas hubiese asumido su autorí­a. Ejemplos tristemente grabados en nuestra memoria como los compañeros Solidarios con Itoiz que decidieron cortar los cables durante la construcción de una presa a todas luces innecesaria y cuya seguridad ha sido varias veces cuestionada, o los cientos de insumisos que conscientemente pisaron las distintas prisiones del Estado por querer transformar una sociedad decididamente militarista, demuestran que la justicia castiga duramente acciones directas no violentas de aquellos ciudadanos que defienden el medio ambiente u otros valores que no terminan de encajar con el beneficio económico de las grandes corporaciones y otros intereses ocultos en mayor o menor medida.

En el Estado español se han cultivado especies que no estaban permitidas; el propio campo experimental de trigo transgénico propiedad del IRTA no cumplí­a las condiciones técnicas ni las medidas de seguridad obligatorias; el informe La imposible coexistencia denuncia otras muchas irregularidades. ¿Qué hace la justicia ante tales situaciones? La dinámica suele ser actuar cuando hay escándalos inocultables y hasta muertos, crisis de las vacas locas, etc. etc.