Unos 500 indí­genas iniciaron la movilización, desde Santa Cruz de la Sierra hasta la capital La Paz en el dí­a 31 de octubre de 2006, convocada por la Confederación de Pueblos Indí­genas de Bolivia (CIDOB). Según informaciones de la agencia Servindi a medida que se avanza en la marcha, también recrudecen las enfermedades, por lo que hace los organizadores invocan la solidaridad en ví­veres, ropa, plásticos y medicamentos.

Para CIDOB, el esfuerzo, la voluntad y la firmeza de los marchistas logra sus primeros resultados, como son los acercamientos de algunos representantes del gobierno y también empresarios para tratar de complacer la demanda indí­gena. Los que antes se burlaban de la propuesta y hací­an a un lado despectivamente el documento propuesto por la CIDOB ahora corren a tratar de alcanzar a los marchistas para escucharles. En Portachuelo, un lugar que es dominado por empresarios terratenientes, fue el lugar donde los marchistas han recibido mayores aplausos.

Autoridades y empresarios buscan negociar y acercarse a los indí­genas. Como informa el boletí­n del CIDOB el sábado 04 de noviembre se realizó una reunión en Buena Vista entre representantes de los sectores involucrados. Se han tratado siete puntos: la función económico social, la reversión, la expropiación, la distribución de tierras, la desconcentración del INRA, los interdictos y las transferencias.

De esta manera se lograron los primeros compromisos de las delegaciones que han visitado a los marchistas y han buscado a los dirigentes para negociar. Sin embargo, la marcha continúa, pues los compromisos deben hacerse realidad. Los representantes indí­genas están prohibidos de negociar al margen de las bases.

CIDOB informa que en la reunión del dí­a 04 de noviembre quedó decidido que la función económico social en materia agraria, establecida por el artí­culo 169 de la Constitución Polí­tica del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así­ como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.

Con relación a las servidumbres ecológicas, las organizaciones sociales consideran que no sean consideradas para justificar la FES, ni para la proyección de crecimiento, planteándose la siguiente redacción: -las servidumbres ecológicas son limitaciones legales a los derechos de uso y aprovechamiento establecidas sobre las propiedades agrarias de acuerdo a las normas legales y reglamentarias especí­ficas. No constituyen Función Económico Social y por tanto no pueden ser tomadas en cuenta en el cálculo de la proyección de crecimiento para la regularización o conservación del derecho propietario.-