Asimismo la entidad expresa su solidaridad con el Equipo Pastoral que ha denunciado la situación para que puedan continuar defendiendo los derechos humanos de la población. Hace una especial mención por la Defensorí­a de Niños, Niñas y Adolescentes -Monseñor Romero-.

Cecodap exige a los distintos órganos del Estado venezolano realizar las investigaciones efectivas que fueren necesarias y pertinentes, a los fines de identificar responsabilidades, aplicar las sanciones a que hubiera lugar y brindar protección especial e inmediata a los niños, niñas, adolescentes y familias que se encuentren en zonas fronterizas de alto riesgo. Asimismo exige al Ministerio Público, como órgano encargado de dirigir la investigación, realizar todas las acciones para evitar la impunidad con la celeridad y prioridad que el caso amerita.

Para la organización los miembros del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente deben articular acciones para garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes en zonas fronterizas y de alto riesgo el goce pleno y efectivo de sus derechos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales. -Exigimos a las FARC y el ELN a que de manera inmediata pongan fin al reclutamiento de menores de 18 años y desmovilicen a los niños en sus filas y permita su salida voluntaria sin represalias, por cuanto esta práctica constituye una violación a los derechos de la niñez y adolescencia-.

Además Cecodap exige al Estado venezolano y a la comunidad internacional el cumplimiento a las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y a la Resolución 1.261 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los Niños, Niñas y Jóvenes y los Conflictos Armados, como importantes instrumentos para la defensa y protección de la niñez y la adolescencia.

– A fin de evitar la ocurrencia y la repetición de estos hechos exigimos al Estado venezolano y la comunidad internacional adoptar medidas polí­ticas, económicas, legislativas y sociales para reducir los factores de facilitan el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos irregulares tales como la pobreza, la exclusión, la desesperanza, la falta de servicios públicos entre otros-, manifiesta la entidad.