Ecologistas en Acción presentó en su momento una serie de propuestas que pretendí­an un cambio drástico y necesario de la actual polí­tica urbaní­stica, dominada por una especulación galopante que está provocando graví­simos impactos ambientales, sociales y económicos, hipotecando el futuro de Andalucí­a.

Ecologistas en Acción advirtió que los objetivos del POTA "“perseguir un modelo territorial equilibrado y sostenible, preservar los recursos naturales, potenciar los núcleos urbanos tradicionales en contra de la proliferación de urbanizaciones desgajadas de pueblos y ciudades"¦- podí­an quedarse en buenas intenciones si no se incorporaba una normativa rigurosa que impidiera que los Ayuntamientos sigan con su polí­tica de reclasificaciones abusivas y salvajes, bajo la presión de empresas constructoras e inmobiliarias.

Ecologistas en Acción propuso que se incluyeran normas que establecieran unos lí­mites razonables para los desarrollos del mal llamado "turismo residencial", como puede ser que el número de segundas residencias no supere el 50% de las primeras residencias, que no se permitan modificaciones de los PGOUs para recalificar suelos residenciales, o que la polí­tica urbaní­stica tiene que tener como primer objetivo dotar a las ciudades y pueblos de las necesarias promociones de viviendas protegidas. La Junta no lo aceptó, pero ahora, con la presión de los escándalos urbaní­sticos, el PSOE ha aceptado incluir una serie de enmiendas de IU que pueden poner cierto lí­mite al desmadre urbaní­stico que estamos sufriendo.

Entre estas enmiendas que se incorporan al POTA hay que destacar una que limitará los campos de golf y otra que pone lí­mite al crecimiento de suelo y viviendas en los PGOUs. Las enmiendas aprobadas son las siguientes:

Crecimientos urbaní­sticos desmesurados:

El POTA incluirá como norma y con carácter general lí­mites a los crecimientos urbaní­sticos desmesurados de los municipios andaluces. No se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano disponible ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.

Campos de golf:

El Parlamento de Andalucí­a insta al Consejo de Gobierno a presentar durante el presente perí­odo de sesiones un proyecto de ley que regule la instalación de campos de golf en Andalucí­a, disociándolos del desarrollo urbaní­stico y estableciendo parámetros limitativos para su tamaño e impacto ambiental y paisají­stico.

Estas enmiendas impedirán la aprobación de la práctica totalidad de los PGOUs actualmente en tramitación, pues casi todos ellos proponen crecimientos que, como mí­nimo, duplican los suelos urbanos existentes, incrementan las viviendas para previsiones de habitantes muy superiores a ese 30% de lí­mite aprobado en el Parlamento, e incorporan campos de golf con macrourbanizaciones. La mayorí­a de los municipios de la provincia de Almerí­a, en lo que hasta ahora se conoce, pretende multiplicar varias veces las viviendas y su población, produciéndose recalificaciones de suelo incomprensibles, que sólo benefician a determinadas empresas y "señores", así­ como pretenden legalizar miles de viviendas construidas ilegalmente.

Y es raro el municipio que escapa a toda la vorágine especulativa e ilegal: Albox, Pulpí­, Arboleas, Fondón, Ní­jar, Carboneras, Zurgena, Garrucha, Cuevas de Almanzora, Bédar, Mojácar, Tahal, "¦..

Ya se están investigando algunos municipios y personajes públicos por parte de la fiscalí­a y del Juez Garzón, pero algunos ayuntamientos parecen del equipo de los intocables: Ní­jar y Carboneras, entre otros.

El cumplimiento estricto de las leyes, la limpieza de personajes indeseables de los distintos partidos, y la recuperación de la honestidad democrática, recuperarí­a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Ecologistas en Acción lamenta la tardanza del PSOE y de la Junta de Andalucí­a en reaccionar a un fenómeno que era evidente y que ha provocado grandes daños ecológicos, económicos y sociales a nuestra provincia. Si estas propuestas se hubieran aprobado hace sólo cuatro años se hubiera impedido proyectos claramente especulativos y cuyo desarrollo ocasionará enormes impactos.