En la tarde de ayer el Ministro de Trabajo explicó verbalmente a CEOE, CC.OO. y UGT, por separado, las principales medidas que componen un paquete de reformas vinculadas con la protección del empleo y las prestaciones por desempleo.

Resumidamente y en esencia se puede describir el planteamiento que hace el Gobierno de la forma siguiente:

No son medidas para abrir negociación de ningún tipo, sino solamente para escuchar observaciones y sugerencias. Se sustrae, por lo tanto, de nuevo el derecho de la negociación, en un claro desprecio a los representantes sociales. Se niega el diálogo social, al que tan profusamente acude el Gobierno para hacer su propaganda en el ámbito europeo.

No se plantea ni se admite ninguna mejora de la actualmente deficiente e injusta protección por desempleo en España.

A este respecto, baste sólo recordar que España tiene:

– uno de los niveles de cobertura más bajos de Europa;

– unas prestaciones cuyos periodos de protección son más cortos e insuficientes, y donde la intensidad protectora cae según datos de OCDE más rápidamente;

– unos graví­simos desajustes entre las condiciones de acceso a las prestaciones y la realidad laboral (que determina las situaciones a cubrir y proteger);

– unos impresionantes excedentes financieros en el sistema de desempleo; (superiores a los 3000 millones de euros, más de 500.000 millones. de ptas, entre enero y noviembre de 2001) que conviven con una protección claramente deficiente.

Todo lo cual se suma a la debilidad de las polí­ticas activas de empleo, al incumplimiento de los compromisos establecidos en la Estrategia Europea de Empleo, y a la falta de oportunidades y acciones que faciliten el acceso al empleo y resuelvan los crecientes problemas de ajuste de oferta y demanda de trabajo.

Las medidas que proponen el Gobierno son, por el contrario, recortes de prestaciones, endurecimiento sin causa de condiciones de acceso, y supresión pura y dura de derechos económicos. Las más graves son las siguientes:

– Supresión del sistema de protección asistencial a los trabajadores del campo (o subsidio especial para los trabajadores del sector agrario), a través de una inviable incorporación de estos al sistema contributivo general.

Esta medida supone dejar sin una ayuda básica de rentas a más de 230.000 familias de desempleados de las zonas rurales más deprimidas de España.

– Someter a los desempleados a un juicio administrativo discrecional y sin garantí­as con la intención de despojarles de la prestación ante una hipotética oferta de empleo, cuya "adecuación" quedarí­a bajo consideración del Gobierno.

Nótese a este respecto que es insignificante el número de desempleados que reciben una oferta de empleo (adecuada o no) del INEM, por lo que es llamativo que si el Gobierno no ha sido capaz de ofrecer empleos antes lo quiera ser ahora. Estamos, obviamente, ante el establecimiento de un instrumento dirigido al sustraimiento poco encubierto de prestaciones a los desempleados.

– Transferencia mensual a favor del empresario que recibirí­an una parte del subsidio del trabajador cuando contrate a desempleados mayores de 52 años, pagándoles por lo tanto sólo la diferencia hasta el salario de convenio..

Se trata simple y llanamente de transferir a las empresas los derechos de protección adquiridos por los trabajadores, con el agravante de que "llueve sobre mojado": son incontables ya los supuestos de ayudas a las empresas, hasta el punto de que España ocupa el cuarto lugar de la Unión Europea en cuanto al volumen en porcentaje del PIB de asistencialismo empresarial, según datos presentados por la Comisión Europea a la cumbre de Barcelona.

– Suprimir los llamados "salarios de tramitación" en los supuestos de despido improcedente. Salarios que son derechos básicos de los trabajadores, cuyo contrato de trabajo está vigente hasta en tanto no se declare la improcedencia del despido.

Es, además de un recorte brutal de derechos, un explí­cito abaratamiento para las empresas del despido injustificado que puede provocar un formidable aumento de los despidos arbitrarios.

– Y finalmente, incorporar las indemnizaciones laborales a las rentas del trabajador con las que se calcula si sobrepasa el lí­mite máximo de renta necesario para percibir el subsidio de desempleo.

Una medida injusta porque es impropio e inadecuado convertir una compensación de daños en una renta personal, por lo que sólo se hace con la finalidad de establecer una nueva ví­a de recorte y expulsión de las prestaciones.

En definitiva, las propuestas no constituyen sino otro recorte indigno y denigrante de derechos sociales y laborales. Ni la naturaleza de las necesidades que tiene nuestro mercado laboral, las empresas, y sobre todo los desempleados, justifica en modo alguno estas escandalosas medidas, que sólo van a provocar un nuevo episodio de irritación social, en plena Presidencia española de la Unión Europea.

En este contexto, la aseveración del Gobierno de que las medidas no supondrán una reducción del gasto en protección por desempleo no es más que una burla, cuando lo que se plantean son múltiples recortes de derechos individuales y cuando existe ya un enorme excedente financiero en el sistema de prestaciones por desempleo, del que se apropia año tras año el Gobierno a su antojo mientras mantiene graví­simas lagunas de protección.

La semana próxima el Gobierno entregará la formulación escrita de estas propuestas, en la que podremos comprobar si, ante las reacciones que están provocando, se produce una rectificación en el sentido que indica la racionalidad y el sentido común, o si por el contrario se reafirman unas iniciativas tan claramente despreciables.

De acuerdo con ello, la UGT analizará su repercusión y planteará a CC.OO. la necesidad de dar una respuesta adecuada a la magnitud de estas agresiones.

Esta primera valoración debe servir para inmediatas tomas de posición públicas de la Organización a todos los niveles, así­ como para desarrollar un rápido proceso de información interna.