A juicio de UGT, algunos de estos estudios se están realizando desde una orientación puramente economicista, bajo la influencia de determinados grupos de presión y en perjuicio del interés general de los ciudadanos. Dichos estudios concluyen en la necesidad de reducir a la mí­nima expresión el papel social del sector postal europeo, limitando el servicio postal universal a un núcleo reducido y mí­nimo de servicios a ofertar a los ciudadanos europeos.

Una reforma del Sector Postal inadecuada supondrí­a, entre otras cuestiones, una reducción en los salarios existentes en los operadores tradicionales de servicio universal para ajustarlos al de los competidores privados. También se reducirí­a la densidad de las oficinas postales, dejando sin servicio al ámbito rural no rentable, y la actual oferta del servicio universal postal a los ciudadanos europeos.

Otras consecuencias serí­an el incremento de los precios para los particulares y las PYMES -desmintiéndose así­ la propaganda de que más competencia abarata el precio de los servicios-, la inevitable tendencia a recurrir al impuesto directo del Estado para financiar el Servicio Universal y supresión de la perecuación tarifaria, de manera que los ciudadanos pagarí­an distintos precios según su lugar de residencia.

En definitiva, las medidas preconizadas por algunos de los referidos estudios, en caso de ser seguidas por la Comisión Europea, sin una reflexión seria y profunda sobre el impacto de su aplicación y sin un dialogo previo con todos los agentes concernidos (usuarios, consumidores, operadores, competidores, sindicatos, etc) pueden ocasionar un rediseño del contexto postal europeo de repercusiones incalculables para la estructura de empleo actual en el sector, al igual que pondrí­a en cuestión el objetivo de armonización de la competencia en el ámbito postal y el de garantizar el mantenimiento del derecho al servicio postal universal a todos los ciudadanos.

A juicio del Sector Postal de FSP-UGT la Comisión Europea, antes de proseguir más allá en la liberalización del sector postal europeo, además de las actuaciones apuntadas, deberí­a presentar, ineludiblemente, un sistema de financiación solvente del servicio universal, que promueva la eficacia en los objetivos pretendidos y que mantenga una garantí­a de financiación, como mí­nimo, equivalente a la actual basada en los servicios reservados.

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