La guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, aún no cesa. Transcurridos seis años desde la sublevación ciudadana que terminó con la cancelación del contrato de concesión para la prestación del servicio de agua y alcantarillado a la empresa transnacional norteamericana Bechtel, los habitantes de este paí­s andino continúan a la espera de mayor eficiencia en le manejo del sistema del acueducto local.

La revuelta de abril de 2000, conocida como la Guerra del Agua, marcó un hito en la historia de las luchas sociales contra las grandes empresas trasnacionales que, favorecidas por legislaciones amarradas a sus intereses económicos, buscaron fortuna en los paí­ses latinoamericanos.

Con sus protestas continuas, iniciadas a finales de 1999 y finalizadas el 10 de abril de 2000, miles de habitantes de Cochabamba lograron que el Gobierno nacional diera marcha atrás al contrato de concesión mediante el cual entregó por 40 años el servicio y distribución de agua de la ciudad a la empresa Aguas del Tunari "“subsidiaria de Bechtel- al mismo tiempo que derogara la Ley 2029, que convirtió el agua en mercancí­a.

Sin embargo, este ejemplo de resistencia para América Latina y el mundo, hoy está en peligro. La empresa que se constituyó luego de la salida de los norteamericanos trabaja a pérdida y su gestión administrativa y financiera no está acorde con la realidad.

La situación fue expuesta en Medellí­n, por Saúl Torrico, integrante de la Coordinadora de Defensa del Agua, Servicios Básicos y la Vida, quien participó en el Seminario Internacional "Polí­ticas y modelo de prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia y América Latina: el reto para la organización social", convocado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y que finalizó este jueves 19 de octubre.

En conversación con la Agencia de Prensa IPC, Torrico habló sobre el contexto que derivó en la Guerra del Agua del año 2000, la devolución del acueducto al municipio de Cochabamba y sus preocupaciones acerca de la situación actual de la empresa, que le sirve a más de un millón de personas.

¿De dónde parte realmente la Guerra del Agua?
Hay que tener en cuenta que después de los hidrocarburos, el agua es el negocio más rentable, sobre todo en paí­ses subdesarrollados como Bolivia. De ahí­ que las trasnacionales hayan visto en nuestro paí­s, y especí­ficamente en Cochabamba, un punto de partida para sus inversiones.

Entonces la mentalidad privatizadora de los gobiernos de derecha de la época ayudó a incursionar a la empresa Aguas del Tunari. Ella tení­a a su favor la normatividad necesaria para operar por concesión, a 40 años, el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

¿Porqué reaccionó la población?

Este proceso de privatización se hizo de espaldas al pueblo, el asunto lo arreglaron entre unos cuantos y cuando se conoce a fondo la propuesta la gente reacciona y se opone. Además, la operación privada repercutió de inmediato en la economí­a de los hogares, pues las tarifas se elevaron hasta en un 200% y las costumbres campesinas sobre el uso del agua también se vieron afectadas.

Por todo ello, el pueblo de Cochabamba, los que están afiliados a sindicatos, organizaciones sociales y también las comunidades no organizadas, sale a las calles a protestar, a rechazar la privatización, a pesar de que el Gobierno nos enfrentó con militares y policí­as. Fue así­ como el 10 de abril de 2000, logramos expulsar a Aguas del Tunari, apropiarnos del sistema de acueducto y alcantarillado, volverle a dar su carácter de empresa municipal descentralizada y suspender las medidas tarifarias.

¿Qué pasa hoy, seis años después de esa revuelta popular?

La primera etapa era recuperar la empresa y sacar la transnacional del paí­s. La idea es que la sea para el pueblo. Y lo logramos. La segunda etapa era hacer sostenible la empresa, tanto en términos de servicios al usuario, con tarifas accesibles, como en términos financieros e institucionales. Ahí­ no hemos logrado los alcances que deseamos. Estamos cojeando en eso.

¿Reciben entonces crí­ticas tendientes a señalar que hubiera sido mejor la privatización iniciada en 1999?
Mucha gente nos dice que hubiera sido mejor el manejo de la empresa privada porque hoy serí­a más eficiente y tendrí­a más cobertura. Nos dicen que de nada sirvió el proceso que impidió la privatización.
Aún así­, cuando la empresa no está tan bien como hubiéramos querido, todaví­a tiene algunos aspectos a su favor, como por ejemplo la tarifa, que todaví­a es más accesible, no es impuesta, es concertada. Si se tiene que incrementar el precio del consumo, se debe que concertar con las comunidades.

¿Qué viene ahora entonces para ustedes como empresa y como movimiento social?

El reto es trabajar en lo que hasta ahora no esta bien: diseñar una estructura institucional acorde con la realidad que vive la ciudad, con amplia participación de la ciudadaní­a, ampliar la cobertura del servicio y hacer sostenible la empresa en el tiempo. Hoy opera mas con déficit que ganancias.