Esta experiencia de resistencia civil pací­fica fue compartida por Rodolfo Chávez Galindo, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Ppositoras a la presa La Parota (CECOP), en el marco del Seminario Internacional "Polí­ticas y modelo de prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia y América Latina: el reto para la organización social", convocado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y que finalizó este jueves 19 de octubre en la ciudad.

En diálogo con la Agencia de Prensa IPC, Chávez Galindo, quien ha sido perseguido por las autoridades mexicanas debido a su activismo, explicó los pormenores del proyecto y el significado que tiene este proceso de resistencia civil tanto en México como en América Latina.

¿Qué es el proyecto La Parota?

La Parota es la propuesta de construcción de una gran represa, que inundará 17 mil hectáreas de tierras campesinas y de selvas de alta biodiversidad. El proyecto lo está gestionando la Comisión Federal de Electricidad, empresa paraestatal que genera y distribuye energí­a en el paí­s. El costo inicial de la inversión es de 800 millones de dólares, dinero que se está buscando en el sector financiero internacional.

La obra hace parte del plan Puebla-Panamá, que tiene programada la construcción de varias represas en Centroamérica, desde Panamá a México, y que buscan estar integrados en un sistema de interconexión regional.

¿Qué es lo que ustedes le cuestionan al proyecto?
Nosotros cuestionamos, inicialmente, la manera cómo la Comisión Federal de Electricidad comenzó, en enero de 2003, a gestionar el proyecto ante las comunidades: de una manera prepotente y sin mayores explicaciones.

Adicionalmente, no aceptamos que haya violado la legalidad para adelantar las obras: rompió la legalidad del medio ambiente y de la reforma agraria, y desconoció que el derecho que tienen las comunidades tienen decisiones sobre sus propios terrenos. Solo al cabo de seis meses, en julio exactamente, la Comisión explicó de manera amplia qué era lo que iban a construir. De inmediato, la gente se opuso.

¿Qué acciones de resistencia emprendieron entonces los campesinos para evitar la construcción de La Parota?

Entre enero y julio de 2003 la Comisión Federal de Electricidad quiso iniciar la construcción de la hidroeléctrica de manera ilegal, entonces las comunidades reaccionaron e iniciaron varias acciones de resistencia. Cerraron el camino por donde entraban las máquinas que iniciarí­an las excavaciones; se le exigió al gobernador del estado de Guerrero que sacara de la zona a la Comisión Federal de Electricidad y se pusieron retenes en otros los pueblos para evitar la entrada de maquinaria a la zona.

Además, hemos dado a conocer este movimiento de resistencia civil a nivel nacional e internacional con el ánimo de buscar apoyos y fortalecernos. Somos cerca de 4.000 personas las que participamos, pero tenemos calculamos que la represa afectarí­a por lo menos a 25 mil personas en 36 pueblos. Lo paradójico de la zona es que son pocos los que tienen acceso al agua.

La posición de la comunidad es que no se haga la presa. Seguiremos resistiendo, incluso, contra las autoridades que, buscando las autorizaciones de los campesinos, han reportado hasta firmas de personas muertas para que avalen la obra.

¿Y sí­ han recibido apoyos significativos de entidades internacionales?

Además de diversas organizaciones sociales, ambientalistas, ecológicas y de derechos humanos, hemos recibido conceptos favorables a nuestra lucha del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Indí­genas, y también del relator especial sobre la Vivienda Adecuada. También se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de este organismo mundial. Todos cuestionan el proyecto hidroeléctrico.

¿Que enseñanzas le deja este movimiento de resistencia civil al resto de México y a América Latina?

Primero, que es posible hacer una resistencia con todos los elementos posibles, y usando la legalidad nacional e internacional, antes de que hagan los proyectos.

Segundo, le estamos demostrando a la gente de las ciudades que si bien nuestra resistencia es de indí­genas y campesinos muy pobres, sí­ es posible enfrentar las agresiones, que no son distintas de alguna manera.

Y tercero, nuestro movimiento considerara que el acceso al agua debe ser un derecho humano fundamental, por lo que se debe enfrentar cualquier proceso de privatización. Esperamos que en América Latina haya una gestión democrática de los servicios del agua con criterios de equidad, transparencia y bajo el control de las comunidades organizadas.