Hoy comienza en Cataluña el primer jucio contra un persona contraria al cultivo de transgénicos. Greenpeace, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Ecologistas en Acción, Red de semillas, Amigos de la Tierra, SEAE y el resto de organizaciones de la Plataforma Rural muestran su apoyo a Albert Ferré, acusado de haber participado en una acción en un campo experimental de maí­z transgénico de titularidad pública, en julio de 2003. El IRTA (Instituto de Investigación Tecnológica y Alimentaria) y la Universidad de Barcelona se han presentado como acusación particular y solicitan 500.000 euros de indemnización, que incluyen 12 meses de pena de cárcel.

Este no es el único caso de persecución del movimiento anti-transgénico; Josep Pí mies, otro agricultor catalán, se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión y 50.000 euros de indemnización por una acción que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2003. Es importante resaltar que los campos donde se realizaron las acciones no cumplí­an la normativa de identificación y registro, a pesar de estar subvencionados con dinero público.

Tal y como recogen numerosos estudios cientí­ficos, el cultivo de transgénicos conlleva riesgos para el medio ambiente, la salud humana y para la agricultura y la alimentación en general. Cada vez son mas frecuentes las contaminaciones de productos y cultivos no transgénicos por organismos modificados genéticamente (OMG), habiéndose demostrado que su liberación supone un peligro inmanejable. En España, único paí­s de la UE cuyo gobierno tolera el cultivo de transgénicos a gran escala, existe una inmensa falta de información, de control y de seguimiento sobre la situación de los campos, el destino de las cosechas, las variedades que se cultivan y el impacto de estos cultivos sobre la salud y el medio ambiente. En estas circunstancias, tanto agricultores como consumidores se encuentran en una situación de absoluta indefensión frente a la agresiva polí­tica practicada por una industria biotecnológica que parece haber decidido que la ví­a más expeditiva para imponer los transgénicos es la contaminación de toda la cadena alimentaria.

Los firmantes reiteramos nuestro apoyo a estas dos personas y, al mismo tiempo, seguimos manteniendo el rechazo a los transgénicos recordando la imposibilidad de la coexistencia entre cultivos modificados genéticamente y cultivos no transgénicos y las pésimas condiciones en las que se cultivan las variedades modificadas genéticamente en nuestro paí­s.

En España se sigue permitiendo el cultivo de 31 variedades del maí­z modificado genéticamente MON810 sin las más mí­nimas medidas de precaución para evitar consecuencias graves como la contaminación de cultivos y productos convencionales y ecológicos y los posibles efectos sobre la salud. Mientras, el Ministerio de Agricultura ha aprobado recientemente 11 nuevas variedades de maí­z transgénico, favoreciendo más aún su presencia en el campo español en un momento en que en la mayor parte de la Unión Europea sigue existiendo un fuerte rechazo polí­tico a estos nocivos cultivos.