Tras diez años de su adopción, el Gobierno español mantiene en un estado total de abandono el cumplimiento del Convenio de Diversidad Biológica. Esta situación queda manifestada en la ausencia de participación en el seguimiento de aplicación del Convenio, en el inmovilismo legislativo en que se mantiene la gestión de la biodiversidad, en el retraso a aplicar medidas reales de protección y en el incumplimiento de la Estrategia Española de Biodiversidad

AUSENCIA DE PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME NACIONAL DE SEGUIMIENTO

El Informe Español que se envió en agosto de 2001 a la Secretarí­a del Convenio para informar de las medidas tomadas para aplicar las disposiciones y objetivos del Convenio, fue realizado sin haber consultado ni permitido la participación de ninguna persona o entidad ajena a las Administraciones Públicas. El Convenio recomienda que en el proceso de cumplimentación del Informe Nacional, intervenga un equipo amplio de responsables e interesados, de modo que se asegure un enfoque plural y transparente.

Pero sin haberse producido este enfoque plural y transparente, de una forma claramente tendenciosa este informe habla de que "se ha conseguido una amplia participación en la cumplimentación del informe, que asegura en las respuestas una visión más completa y global". Por supuesto, el Consejo Asesor de Medio Ambiente no ha sido ni convocado ni informado al respecto.

INMOVILISMO LEGISLATIVO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

En estos últimos años se ha producido un claro parón legislativo en la creación y aplicación de normas jurí­dicas que adecúen, actualicen y hagan operativos los objetivos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en España. La legislación marco española no recoge los compromisos derivados de la firma del Convenio de Diversidad Biológica, en vigor desde 1993. Además de este hecho, la legislación nacional ni reconoce ni da amparo legal a figuras internacionales de protección como son las Reservas de la Biosfera, los humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar, las zonas especialmente protegidas del Mediterráneo del Convenio de Barcelona o las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).

RETRASO DELIBERADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS REALES DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Los retrasos acumulados y constantes en la puesta en marcha y aplicación de medidas concretas de actuación en materia de protección y gestión de la biodiversidad son una tónica tan reiterada que se evidencia como deliberada. Al retraso en la declaración de los Lugares de Importancia para la Conservación (LICs) cuyo grado de postergación respecto a ya retrasados calendarios de aplicación es lamentable, se une el oscurantismo constante que mantiene la Administración en la difusión de los datos y la negación a la participación de sectores no gubernamentales en este proceso. El retraso en la aplicación de la Red Natura 2000, de gran trascendencia en el ámbito territorial español, está permitiendo plantear el desarrollo de planes y la construcción de infraestructuras de fuerte impacto ambiental sin tener previamente determinados los lugares de importancia ecológica en el ámbito europeo (no ya en el nacional) con los posibles desaguisados ambientales.

Esta situación es debida a la falta de interés del Gobierno en abordar la ordenación del territorio y los recursos naturales sobre unas bases ecológicamente sostenibles basadas en la conservación y gestión de la biodiversidad, incumpliendo la letra y el espí­ritu del Convenio.
INCUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Pero el caso más flagrante de abandono gubernamental de la polí­tica de conservación y gestión de la biodiversidad reside en el incumplimiento absoluto de Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. Pasados los propios plazos señalados en la Estrategia (tres años para su aprobación), no se ha producido la aprobación de ninguno de los doce planes sectoriales que la propia estrategia exigí­a. Tampoco se han puesto en marcha las siete medidas principales que establecí­a y cuyos plazos también se han cumplido.

Esta situación demuestra el desinterés, abandono e incumplimiento absoluto a que esta sometiendo el gobierno su propia Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.

Finalmente y como triste conclusión, denunciamos que la falta de interés gubernamental en la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad permite medir el interés real del ejecutivo en el desarrollo sostenible, una de cuyos elementos esenciales descansa en la gestión sostenible de la diversidad biológica.