El avance en el control normativo y administrativo de las prácticas de riesgo en la mayorí­a de las comunidades autónomas, ha debido de resultar determinante. Prácticas y usos tan habituales en el monte o zonas aledañas como la quema de residuos vegetales, el uso del fuego para cocinar o calentarse en las áreas de acampada, o en zonas de descanso de la red de carreteras, han sido prohibidas durante los meses de mayor peligro de incendio forestal, o se han regulado.

En el periodo 1991-2004, casi el 21% de los incendios forestales se debieron a negligencia y accidentes relacionados con la quema de rastrojos o restos de vegetación de origen forestal, uso de maquinaria en áreas de riesgo, uso de fuego en las áreas de descanso, de acampadas, etc. Igualmente, empieza a reflejarse en las estadí­sticas de superficie calcinada, la reducción en los tiempos de respuesta o reacción y de la mayor eficacia del personal de extinción.

El grado de concienciación y sensibilización creciente entre la sociedad sobre los impactos negativos asociados a los incendios forestales también habrá tenido su importancia.

Sin embargo, no debemos de dejar pasar la oportunidad de insistir en que aún no se ha conseguido reducir el número de incendios forestales, que los planes locales de autoprotección por emergencia de incendio forestal están en el olvido más absoluto en numerosas localidades asentadas en espacios forestales y, que el grado de vulnerabilidad no deja de aumentar.

Es paradójico, pero es así­. Por un lado, la seguridad aumenta porque los tiempos de respuesta ante un conato de incendio forestal se han reducido notablemente "“entre 10 y 20 minutos-, pero esa misma seguridad se diluye ante el imparable impulso urbanizador de los espacios forestales y la creciente red de infraestructuras de transporte. Las urbanizaciones residenciales elevan el riesgo de incendio forestal y el grado de vulnerabilidad. No se deberí­a consentir la construcción de zonas residenciales si un estudio previo sobre la peligrosidad respecto a incendios forestales. Lamentables, han sido las imágenes por televisión de cientos de personas evacuadas, a toda prisa, de auténticas ratoneras.

Del mismo modo, las Administraciones públicas deben de seguir activando planes de actuaciones que reduzcan los niveles de riesgos estructurales, más aún, si tenemos en cuenta el marco creciente de incertidumbre provocado por el Cambio Climático.

Por último, la magnitud de los incendios forestales que han asolado Galicia, con más de 70.000 hectáreas, en la segunda mitad del periodo de máximo riesgo, requiere de un análisis y un plan de prevención especí­fico. No puede ni debe de servir como excusa para no valorar en su justa medida, la tendencia positiva que se ha mantenido desde principios de enero hasta finales de julio, en el resto de Estado.

En Ecologistas en Acción consideramos que se deberí­a de potenciar acciones tendentes a:

Implantar Planes Técnicos de Ordenación y aprovechamiento forestal para el conjunto de las masas forestales.

Implantar Planes de selvicultura preventiva respetuosos con el paisaje y los ecosistemas forestales.

Naturalizar los montes afectados por cultivos madereros.