El 21 de Septiembre miembros de organizaciones internacionales de derechos humanos y no gubernamentales acompañadas por varias agencias de Naciones Unidas y embajadas europeas visitaron los municipios de Jambalo y Toribí­o. En visita a estos municipios hemos constatado que la presencia del ejército y la policí­a infringen las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (DDHH), al instalar barricadas y carpas en los hogares de las personas de la comunidad y al utilizar construcciones de la comunidad para permanecer en ella, atrayendo ataques por parte de la guerrilla.

Además, hemos sido testigos de la organización y la participación social de las comunidades frente a las violaciones de DIH y de DDHH. En Jambaló hemos sido recibidos por 3,000 personas (niños, niñas, mujeres y hombres) quienes se declararon en Asamblea Permanente a raí­z de los recientes hechos de violación de DIH y DDHH por parte del ejército.

Los efectos dramáticos de las infracciones más recientes al DIH y DDHH por parte de la fuerza pública incluyen la muerte de Wilder Fabián Hurtado, de diez años de edad, muerto por el efecto de una granada de mortero del ejército y de las heridas provocadas a Bautista Yule y Robinson Ullune por las tropas del Batallón Pichincha asentadas en Jambaló, al mando del Teniente Espinel, el pasado 16 de Septiembre 2006.

A pesar de estas violaciones más recientes por parte de las fuerzas públicas las trincheras y las bases de la policí­a siguen dentro de las comunidades sin que ninguna medida de precaución o de provisión de seguridad haya sido tomada para prevenir y disminuir el abuso de las fuerzas publicas y las violaciones de DDHH y DIH por parte de la policí­a y el ejército en sus actividades cotidianas. Es más, en la comunidad de Jambaló el Tribunal Nasa í›us Yutx Pehnxi, como máxima instancia jurisdiccional de los pueblos indí­genas que habitan este territorio, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que le confieren la ley de origen y la Constitución Polí­tica de Colombia ha decidido tomar acciones preventivas para disminuir las violaciones ya mencionadas. A través de esta instancia los habitantes de Toribí­o y Jambaló han decidido que la presencia de la policí­a y del ejército dentro de las comunidades no es aceptable y han dado un plazo a la fuerza pública para salir de la comunidad.

Las comunidades nos informan que entienden la necesidad de la presencia del estado pero que no es necesario llegar al extremo de tener trincheras y bases policí­acas a la par de las escuelas, casas y en los parques. A pesar de la mediación proveí­da por la defensorí­a del pueblo nos preocupa la posible reacción de la fuerza pública presente en Jambaló y Toribí­o dada la larga historia de infracciones y uso de violencia en contra de movilizaciones pací­ficas. Insistimos en que las fuerzas públicas NO utilicen violencia contra las comunidades.

Las comunidades, la mision de verificación, los organismos de monitoreo gubernamentales de la región y el gobernador del Cauca Juan Jose Chaux Mosquera (con quien nos reunimos el 22 de Septiembre) estamos de acuerdo en que las trincheras tienen que ser reubicadas afuera de la comunidad para prevenir mas violaciones de DDHH y de DIH.

La misión de verificación constata que la reubicación de las trincheras y carpas serí­a una muestra de buena fe por parte del gobierno para facilitar la creación de zonas de paz en territorios indí­genas tal como lo recomendó el Relator Especial Sobre Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen en su informe de 2004.

En particular resaltamos nuestra preocupación sobre la posición del gobierno nacional de no remover las trincheras y carpas de las comunidades aunque lo dicta el DIH y el Gobernador Departamental Juan José Chaux Mosquera considera que es pertinente quitar esas trincheras y bases de la comunidad.

Por todo lo anterior solicitamos:

1. Que las fuerzas públicas NO utilicen violencia en contra de las comunidades en su movilización pací­fica para reubicar las trincheras y carpas.

2. Que el gobierno nacional reubique las trincheras y carpas de la fuerza publica afuera de la comunidad como lo requiere el Derecho Internacional Humanitario.

3. Que la comunidad internacional apoye los requerimientos de las comunidades y la recomendación de Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial Sobre Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas.

En la visita a Cauca participaron: Colombia Solidarity Campaign (Inglaterra), Diakonie Alemania, Interteam (Suiza), Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia - SUIPPCOL (Suiza), FUCAI (Colombia), Centro de Cooperación para el Indí­gena - CECOIN, Organización indí­gena de Antioquia (OIA), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación para la promoción social Alternativa(MINGA), Comisión de derechos humanos del Senado de la Republica, American Friends Service Comittee Estados Unidos), y el acompañamiento de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU con sede en Cali , la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y la Embajada de Alemana- Oficina de derechos humanos.