UGT denuncia que la ausencia de una polí­tica de migración adecuada está condenando a los inmigrantes de nuestro paí­s a la economí­a sumergida. El mal llamado proceso de regularización por arraigo sólo ha permitido que a 122.310 extranjeros se les reconozca sus derechos como residentes en nuestro paí­s. El sindicato insiste en que es necesario establecer un mecanismo que permita regularizar no sólo a los trabajadores sino también los puestos de trabajo que están desarrollando, se evitarí­a así­ la polí­tica permisiva con el empresario infractor y, al mismo tiempo, se beneficiarí­a al conjunto de la sociedad.

Nueve meses después de cerrarse el mal llamado proceso de regularización por arraigo, el Gobierno hace públicos los datos sobre el estado de la tramitación de las solicitudes presentadas por los ciudadanos extranjeros: de las 346.166 presentadas se han resuelto 234.188 solicitudes y quedan pendientes 111.978.

UGT considera positivo que 122.310 extranjeros hayan accedido a la regularidad en el marco del mal llamado proceso de regularización por arraigo, sumándose a los más de 250.000 regularizados de los procesos anteriores, llevados a cabo entre el año 2000 y 2001. La situación administrativa regular les permitirá ser considerados como sujetos de los derechos que nuestra normativa concede a los extranjeros residentes en nuestro paí­s.

Pero este hecho positivo que para estos ciudadanos significa el comienzo de una estabilidad legal y laboral, queda truncado por la ausencia de una polí­tica de inmigración adecuada. Una polí­tica que permite que pasen más de nueve meses sin que las solicitudes se resuelvan en un sentido u otro, tanto en el marco de este proceso de arraigo, como en el régimen general. Esto significa, en la práctica, que durante el tiempo que tardan en resolverse las solicitudes, estos ciudadanos siguen trabajando en la economí­a irregular; y lo seguirán haciendo los 111.000 cuyas solicitudes aún no han sido contestadas. Todo ello nos puede llevar a suponer, puesto que no encontramos ninguna otra razón, que el cierre del régimen general, decidido por el Gobierno aprovechando la apertura del contingente, tiene como objetivo que no se incremente el número de solicitudes presentadas, para que no sea tan evidente la falta de voluntad polí­tica de adaptar los medios humanos y materiales de las oficinas de atención al volumen real de la inmigración en este paí­s.

Por otra parte, las declaraciones del Delegado del Gobierno, en el sentido de que la regularización por arraigo era la ultima oportunidad de acceso a la documentación para los irregulares que se encuentran en España, no es más que un reflejo de la polí­tica ciega y permisiva del Gobierno en esta materia. Ciega y permisiva, especialmente en lo que se refiere al ámbito laboral, porque tanto los inmigrantes que vean rechazadas sus solicitudes como los que hayan llegado recientemente a nuestro paí­s, trabajarán en la economí­a sumergida.

¿Qué sucederá cuando nuevamente alcancemos un volumen de población irregular importante? UGT ha propuesto y sigue proponiendo como una medida necesaria la existencia de un mecanismo que permita el acceso a la regularidad no solo de los trabajadores sino también de los puestos de trabajo que estaban desempeñando. Las expulsiones, de las que oí­mos hablar en estos dí­as, motivadas por el trabajo irregular, únicamente son un elemento disuasorio para el trabajador inmigrante que es expulsado, pero no para el empresario infractor; perdemos así­ la oportunidad de aflorar puestos de trabajo de la economí­a sumergida, lo que evidentemente beneficiarí­a al conjunto de la sociedad española.