La Administración y los empresarios del transporte se han acostumbrado, durante los últimos años, a la implantación por decreto y de mutuo acuerdo de los servicios mí­nimos cada vez que ha habido un conflicto en el sector.

Esta práctica les ha funcionado. Se han sucedido los decretos abusivos que, de hecho, han negado el derecho de huelga de los trabajadores. Nadie, ni patronales, ni Comunidad, ni quienes ahora se rasgan las vestiduras, han pestañeado pese a que, tras recurrir uno tras otro los decretos, CC.OO. ha conseguido que los tribunales, de forma repetida, invalidasen los decretos calificándolos como contrarios a la Constitución y diesen la razón al Sindicato.

Hoy, los trabajadores del sector como consecuencia de estas prácticas, soportan una jornada de trabajo de 60 horas semanales que, en la práctica son muchas más, obteniendo a cambio salarios reales en torno a 900€. Un conductor de transporte escolar puede ser obligado legalmente a trabajar 12 dí­as seguidos sin descanso semanal.

435 conductores profesionales murieron mientras trabajaban en el año 2000, último computado, como consecuencia de jornadas de trabajo agotadoras que hacen de este sector el que ostenta el triste récord de mortalidad por accidente laboral por encima de sectores como la construcción, la minerí­a y la pesca juntos.

Cuando, para cambiar esta situación, los trabajadores se movilizan, la Comunidad tras inhibirse inicialmente argumentando que es una cuestión entre partes, dos dí­as después, dicta un arbitraje obligatorio sin haber apurado ni mucho menos las posibilidades de negociar y acordar unos servicios mí­nimos razonables para los cuales los sindicatos siempre han mostrado su disposición.

La cuestión es particularmente grave ya que la Comunidad de Madrid, tras haber fracasado rotundamente con unos mí­nimos abusivos repetidamente rechazados por los jueces, cuando se ve sobrepasada por la respuesta de los trabajadores inicia una nueva huida hacia delante con un arbitraje obligatorio.

CC.OO. quiere recordar que la solución de los conflictos, si se pretende duradera, no se consigue mediante estos procedimientos, sino a través de la negociación. Que Jaime Montalvo, Presidente del Consejo Económico y Social, sea un hombre que gozó del consenso sindical y empresarial a la hora de su elección y sobre el que no albergamos dudas en relación con su labor en dicho organismo no garantiza, ni mucho menos, que la ví­a del arbitraje sea la idónea dada la situación en que se encuentra el conflicto.

La huelga sigue convocada y se va a seguir desarrollando ya que, como afirma una Sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, el arbitraje no lleva asociada la posibilidad de que la Administración ordene la suspensión de la huelga. Y sigue requiriendo de una voluntad negociadora que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia por parte de la patronal.