"Hay que golpear a los palestinos y tiene que dolerles. Debemos causarles pérdidas, ví­ctimas, para que conozcan el alto precio de sus acciones."
Ariel Sharon, primer ministro israelí­, en declaraciones a la prensa el 5 de marzo.

Ibrahim Jazmawi, auxiliar médico, murió cuando un tanque abrió fuego contra dos ambulancias de la Sociedad de la Media Luna Roja palestina claramente identificadas en la avenida principal de Tulkarem, mientras la Fuerza de Defensa Israelí­ (FDI) ocupaba esta localidad de Cisjordania el 7 de marzo.

Samir Sadi Sababeh, sordomudo de 45 años, murió el 11 de marzo por disparos de soldados de la FDI al no obedecer su orden de cruzar la calle principal de Jebaliya mientras volaban edificios de la ciudad.

Son sólo dos ejemplos de los casos investigados por los delegados de Amnistí­a Internacional que visitaron Israel y los territorios ocupados en marzo de 2002. Hoy, mientras siguen llegando informes de abusos contra los derechos humanos, se han hecho públicas las conclusiones de los delegados. Amnistí­a Internacional considera motivo de preocupación que se haya dado muerte a decenas de palestinos que no entrañaban peligro alguno para la vida de otras personas durante las incursiones militares llevadas a cabo por Israel en ciudades y pueblos de los territorios ocupados desde el 27 de febrero de 2002.

"La conducta de la Fuerza de Defensa Israelí­ hace temer que el objetivo principal de la operación sea castigar colectivamente a todos los palestinos" ha declarado la organización, y ha insistido en que el ejército israelí­ ha emprendido acciones que no estaban claramente justificadas por la necesidad militar y que conculcaban las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario.

La FDI mató y seleccionó como blanco de sus ataques a personal médico, ambulancias e instalaciones médicas, y disparó al azar contra viviendas y transeúntes, incluso cuando se habí­a levantado el toque de queda. Se han practicado detenciones arbitrarias en masa destinadas a degradar a los detenidos.

En los campos de refugiados de Al Am’ari, Tulkarem y Deheisheh se ordenó a todos los varones de edades comprendidas entre 16 y 45 años que se presentaran en un lugar determinado, casi siempre una escuela. Allí­ los dividieron en grupos, los esposaron fuertemente con abrazaderas de plástico y les vendaron los ojos. Según relatos coincidentes, los detenidos fueron maltratados, privados de alimento y de acceso a un cuarto de baño durante las primeras 24 horas de detención.

Los delegados vieron los restos de viviendas que habí­an sido destruidas por la FDI en el curso de actos de castigo colectivo.

"Parecí­a evidente que la mayorí­a de estas acciones tení­an por objeto castigar y humillar a la población palestina en su conjunto" afirmaron los delegados de Amnistí­a Internacional.

Cuando la FDI ocupaba viviendas o edificios de apartamentos situados en posiciones aparentemente estratégicas, los destruí­a sistemáticamente, rasgaba las ropas de sus inquilinos, rompí­a los muebles y destrozaba los libros, incluido el Corán.

"En cualquier ejército del mundo, los soldados que se comportan como la FDI, destruyendo propiedades y realizando saqueos, deben ser sometidos de inmediato a un consejo de guerra" añadió David Holley, asesor militar independiente que formó parte de la delegación.

Con la llegada del enviado estadounidense Anthony Zinni el 14 de marzo se produjo una retirada parcial de la FDI. Con todo, la destrucción y las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la FDI alcanzaron niveles sin precedentes durante la segunda oleada de invasiones. La "Operación Muro de Defensa" comenzó el 29 de marzo de 2002 con un ataque contra el cuartel general del presidente Yasser Arafat en Ramallah y se extendió a cinco ciudades y alrededor de 30 pueblos de Cisjordania. Las ambulancias y el personal médico han vuelto a encontrar prohibiciones o dificultades para retirar y atender a los enfermos y heridos, y se ha impedido a periodistas y organizaciones no gubernamentales la investigación de los hechos.

Hoy en Jenin, la FDI continúa realizando operaciones en gran medida secretas, y a los medios de comunicación, los servicios médicos de urgencias, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las agencias de la ONU se les ha denegado el acceso al campo de refugiados. Dado que el campo de refugiados de Jenin continúa cerrado al mundo exterior, no es posible confirmar los informes según los cuales entre el 35 y el 40 por ciento de los hogares palestinos han sido destruidos. Como uno de sus habitantes contó a Amnistí­a Internacional: "El campo huele a muerte. Hay cadáveres enterrados bajo los escombros de las casas; otros fueron aplastados por los tanques y otros siguen tendidos en las calles."

Según informes recibidos por la organización, las tropas israelí­es disparan contra las ambulancias que trasladan a personas y los tanques aplastan las ambulancias vací­as, desbaratando la labor de los servicios médicos de urgencias.

Amnistí­a Internacional sigue reiterando su llamamiento a las autoridades israelí­es para que cesen las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario y permitan el despliegue en la región de observadores internacionales con un mandato de derechos humanos claro y transparente. Asimismo la organización continúa condenando todo ataque deliberado contra civiles por parte de los grupos armados palestinos que han causado decenas de muertos y heridos israelí­es, y ha pedido a estos grupos que dejen de seleccionar como objetivos a civiles israelí­es y acaben con el homicidio ilegí­timo de palestinos sospechosos de "colaborar" con Israel.

La secretaria general de Amnistí­a Internacional, Irene Khan, ha escrito al Consejo de Seguridad de la ONU para expresar su satisfacción por las resoluciones adoptadas recientemente sobre Israel y los territorios ocupados y para instarle a:

adoptar medidas encaminadas a la protección eficaz de los derechos humanos de todos los palestinos e israelí­es;
solicitar al gobierno israelí­ que adopte medidas encaminadas a la protección eficaz de los derechos humanos de todos los palestinos e israelí­es;
solicitar al gobierno israelí­ que permita el acceso inmediato y sin trabas a todas las áreas de personal médico, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, y asimismo que levante las restricciones de acceso a observadores, incluidos periodistas, organizaciones no gubernamentales y otros representantes de la sociedad civil;
animar a las partes implicadas a acordar sin más demora una presencia internacional de observadores de los derechos humanos en la región para ayudar a impedir que se cometan más abusos graves y generalizados contra las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario.