Es lo que señala un estudio desarrollado por el Consejo Nacional Indí­gena de Paz (Conic) realizado en Nasa del Norte, Cauca; Embera Katí­o, del Alto Sinú, Córdoba; Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar; y U"™wa y Sikuani, del departamento de Arauca.

En las regiones investigadas se presenta un cuadro en el que las violaciones de los derechos humanos atribuidos a la Fuerza Pública y a funcionarios gubernamentales se han aumentado bajo el pretexto de que la causa indí­gena por la defensa de sus derechos va en contra del -interés general- de la nación, de la ilegalidad de sus justas demandas y de la búsqueda de una derrota militar a los grupos guerrilleros presentes en todas ellas y del -terrorismo-.

De acuerdo con el estudio, casos de homicidios, aparentemente aislados, están ocurriendo en territorios indí­genas contra campesinos y colonos, por cuenta de supuestos ajustes entre grupos paramilitares desmovilizados y bandas narcotraficantes, que en el caso del territorio indí­gena Embera Katí­o, de Córdoba, cuentan con más de 30 muertes en el último año.

De la misma forma, desde marzo de 2004, fecha de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indí­genas, se registra en todas las cuatro zonas estudiadas un aumento inusitado de detenciones masivas y arbitrarias. También se recogieron testimonios sobre la práctica de torturas, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de comunidades indí­genas por parte de miembros de la Fuerza Pública y órganos de seguridad del Estado.

Las violaciones de sus derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas, que son uno de los grupos más afectados porque, además de la hostilidad que sufren por parte de la fuerza pública en zonas urbanas y rurales, son objeto de acoso y abuso sexual por unidades de la Policí­a y el Ejército. Es preocupante el aumento de casos de niñas indí­genas de hasta 11 años de edad que han sido abusadas sexualmente por hombres adultos que hacen parte de Batallones de Alta Montaña, Policí­a Contraguerrillas y otras unidades militares y policiales.

En su conclusión afirma que -ninguna de las recomendaciones presentadas por el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indí­genas ha sido atendida de manera seria, oportuna y eficaz por las autoridades gubernamentales y estatales-.

Por ello, pide cumplir con la legislación nacional e internacional que protege los derechos de los pueblos indí­genas, diseñar con los pueblos indí­genas una Polí­tica Pública Integral para abordar todos los problemas relativos a los pueblos indí­genas colombianos; establecer mecanismos de reparación integral por los daños sufridos, tanto a causa de las violaciones de derechos humanos civiles y polí­ticos, como por megaproyectos; investigar, sancionar y llevar ante la justicia a los paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y de órganos de seguridad del Estado, responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, así­ como a las guerrillas y demás actores armados por infracciones del Derecho Internacional Humanitario que han asolado las comunidades indí­genas; entre otros.

Entre las recomendaciones a la Organización de las Naciones Unidas están: designar funcionarios y abrir oficinas en el departamento de Arauca, a fin de acompañar y monitorear la situación de violaciones de los Derechos Humanos; y presentar un informe de parte de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de los pueblos indí­genas de Colombia, que actualice las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Indí­genas.