Sergio Laurenti, director ejecutivo de Amnistí­a Internacional, comentó que desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma en julio del 2002, se han registrado avances sustantivos donde hay más de 100 paí­ses que han ratificado la Corte Penal Internacional y, -en la medida que más paí­ses ratifiquen esta herramienta, adquirirá mayor fuerza y un vigor más efectivo en materia de su utilidad en el concierto internacional-.

Las entidades están preocupadas con la actuación del Senado frente al asunto, pues la retirada del tema del parlamento es un retroceso para los trabajos desarrollados en esto sentido por diversas organizaciones. Según afirman, -en las últimas semanas hemos observado un espectáculo lamentable por parte del Senado en cuanto a poner en tabla la discusión de la Reforma Constitucional y retirarla antes de su debate en el parlamento, utilizando argumentos sin justificación-.

Agregan que desde que Chile suscribió el Estatuto de Roma en 1998 a la fecha, en numerosas ocasiones se ha obstaculizado la ratificación. Inclusive en el 2001 parlamentarios conservadores formularon un requerimiento al Tribunal Constitucional en contra de la incorporación de Chile a la Corte Penal Internacional. A raí­z de ello el Tribunal Constitucional exigió que previo a la ratificación se reformara la Constitución Polí­tica.

Posteriormente, ha condicionado sus votos a la aprobación de una "˜declaración interpretativa"™ que, a juicio de las instituciones de derechos humanos que trabajan en torno a la CPI, es una reserva encubierta y que pretende desconocer el alcance y el sentido de la Corte Penal Internacional.

Desde hace cuatro años se tramita el proyecto de reforma constitucional que habilita a Chile ratificar el Estatuto de Roma, pero aún el Senado no lo aprueba.

El debate ha girado en torno a las sanciones que, en materia de cooperación militar, podrí­a recibir Chile al ratificar este instrumento internacional o que es necesario adecuar la legislación nacional interna en materia de la tipificación de los delitos de genocidio, crí­menes de lesa humanidad y crí­menes de guerra para que se pueda ratificar la Corte Penal Internacional.

– A juicio de Corporación Humanas, lo que está haciendo la derecha nuevamente es, desde la recuperación de la democracia, no tener una actitud clara en relación a los derechos humanos. Esto no se condice con el comportamiento que ha tenido nuestro paí­s en relación a los tratados comerciales que suscribe con otras naciones, quedando rezagados en el plano de la justicia universal-, afirman las organizaciones.

Finalizan resaltando que ratificar el Estatuto de Roma, es dotar a la comunidad internacional y a los paí­ses de un instrumento que agrega mayor seguridad para los ciudadanos, que no resta ninguna forma de jurisdicción a la administración de justicia nacional y que asegura la no repetición de graves violaciones de derechos humanos en el futuro.