UGT, con motivo de la celebración de la 2ª Asamblea Mundial de Envejecimiento, reivindica el compromiso de gobiernos y poderes públicos para adoptar medidas eficaces que afronten los problemas de los mayores en la sociedad. Para España, exige el desarrollo de un marco legal que garantice la protección de los mayores y de las personas dependientes y asegure la cobertura universal en Seguridad Social en todo el territorio nacional. El sindicato considera que las "ofertas" de medidas fiscales de fomento de la natalidad desví­an la atención de las necesarias soluciones estructurales de más servicios públicos y de calidad. Nuestro paí­s está perdiendo una magní­fica oportunidad para que, a través del aumento en la prestación de estos servicios, se creen nuevos puestos de trabajo, que a su vez generarí­an nuevas cotizaciones sociales y contribuirí­an al pago de pensiones, a disminuir el desempleo, y por tanto las prestaciones por este concepto, y a incrementar los ingresos por IRPF.

España está experimentando uno de los procesos más rápidos de envejecimiento del mundo. En el año 1999 el 16,2% de la población de nuestro paí­s tení­a 65 años o más, en el año 2000 suponí­an el 16,7% y las previsiones para el 2020 son del 19,8%. Se calcula que, para el año 2050, el 10% de la población total será mayor de 80 años.

Este proceso de envejecimiento no debe ser considerado como un problema, sino como un cambio estructural de nuestra sociedad, pero es a la vez un reto que necesita respuestas.

Nuestro paí­s no ha sabido enfrentarse a este reto. Hasta el momento, las medidas adoptadas por el Gobierno del PP se han mostrado cortas de miras y en una lí­nea marcadamente negativa. España se encuentra en el penúltimo lugar de los paí­ses comunitarios en gasto de protección social y, en lugar de producirse un aumento en protección social igualando las coberturas, ratios y porcentajes con Europa, el Gobierno ha reducido el gasto en servicios sociales.

Las polí­ticas que se están llevando a cabo se caracterizan por la falta de compromiso de los poderes públicos, a través de una financiación insuficiente, y por la privatización de los servicios sociales, que está provocando graves diferencias económicas (sólo el 32% de las plazas residenciales son de titularidad pública). A la vez, se está fomentando un modelo que descarga exclusivamente sobre la familia los cuidados de los mayores, a través de deducciones fiscales que únicamente favorecen a las clases más altas.

UGT considera que las "ofertas" de medidas fiscales y la ley de conciliación de la vida laboral y familiar para fomentar la natalidad, ligadas a las respuestas para afrontar el creciente envejecimiento de la población desví­an la atención del problema ya que son necesarias soluciones estructurales que respondan a las demandas concretas de la población mayor, como propuestas concretas de creación de servicios, públicos y de calidad, para la atención a personas dependientes.

El sindicato espera la Asamblea Mundial del Envejecimiento sirva para que gobiernos y poderes públicos se comprometan a implementar polí­ticas encaminadas a resolver estos problemas, y no se quede como una mera declaración de intenciones.

En estos dí­as se está hablando de la cobertura que necesitan los mayores, las necesidades de resolver sus problemas, y fundamentalmente de la insuficiencia de las pensiones. Pero lejos de realizar un plan de actuación finalista, se están centrado en la necesidad de prolongar la edad de jubilación y recortar las prestaciones. Es decir se está planteando un modelo social que constata el aumento de la esperanza de vida, pero no ofrece calidad de vida.

UGT manifiesta que en España no sólo no se amplí­a la escasa cobertura de servicios sociales, sino que nuestro paí­s está perdiendo una magní­fica oportunidad para que, a través del aumento en la prestación de estos servicios, se creen nuevos puestos de trabajo, que a su vez generarí­an nuevas cotizaciones sociales y contribuirí­an al pago de pensiones, a disminuir el desempleo y, por tanto las prestaciones por este concepto y, a incrementar los ingresos por IRPF.

UGT propone:

– El desarrollo de un marco legal en materia de protección a la dependencia y a los mayores que garantice una cobertura universal en seguridad social, digna, homogénea y suficiente en todo el territorio nacional, que más allá de un seguro de cuidados proporcione protección tanto social como jurí­dica y económica con especial protección de las rentas más bajas.

– Ampliación de cobertura en los sistemas de protección social.

– Coordinación de los sistemas de seguridad social y servicios sociales

– Polí­ticas globales encaminadas a asegurar tanto la protección social como el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas mayores.

– Facilitar recursos para la formación y capacitación de nuestros mayores.