El Acuerdo sobre las Medidas para la Potenciación de la Acción Exterior del Estado, aprobado en el pasado Consejo de Ministros, no plantea soluciones a la difí­cil situación en la que se encuentra el personal del Exterior. Estos trabajadores están sometidos a la legislación laboral del Estado donde desempeñan su puesto. Unas circunstancias que se tornan especialmente delicadas en paí­ses como Irán, Arabia Saudita o el Congo

En opinión de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT del Exterior, el actual acuerdo contradice los anuncios que Miguel Ángel Moratinos realizó en el discurso que pronunció en el Congreso de la FSP-UGT del Exterior, el pasado junio.

Este sindicato considera que se ha perdido, otra vez, una gran oportunidad para iniciar una reforma sustancial e imprescindible del Servicio Exterior. El actual acuerdo sólo es parcheo que no soluciona los problemas, pero pretende transmitir la sensación de que se está haciendo algo. De las medidas adoptadas no se desprende qué modelo de Servicio Exterior se pretende crear; ni sienta las bases para una reforma en profundidad.

Con este acto, el titular de Exterior demuestra una flagrante falta de voluntad de dialogo y su desprecio por los sindicatos, a quienes ni siquiera menciona como interlocutores sociales y mucho menos les ha consultado previamente. La FSP-UGT cree imprescindible el inicio de una negociación colectiva, con todas las garantí­as, para acabar con la situación de precariedad de los trabajadores del exterior, tal como aseguró el Ministro en anteriores intervenciones públicas.

El acuerdo promete, únicamente, determinar en el plazo de un año las condiciones mí­nimas para el personal laboral contratado, independientemente de la legislación que regule sus contratos. Un hecho que, a estas alturas, resulta totalmente inadmisible, pues supondrí­a reconocer explí­citamente la aplicación de legislaciones laborales de paí­ses de escasas o nulas garantí­as jurí­dicas.