Conjuntamente con esta carta, también está siendo presentado un DVD con el mensaje de la organización a los candidatos a cargos ejecutivos en estas elecciones.

Durante las tres últimas décadas, Amnistí­a afirma que ha hecho un seguimiento de cerca de la situación de los derechos humanos en Brasil. En el pasado, la organización se concentró sobre casos especí­ficos de violaciones de los derechos humanos, tales como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, así­ como en campañas por la liberación de prisioneros de conciencia. Hoy, la entidad comienza a mirar las causas de esas violaciones, analizando por ejemplo, cómo la pobreza, la discriminación y la negligencia del Estado crean ambientes en los que los abusos de derechos humanos se vuelven banales.

Irene Khan, secretaria general de Amnistí­a, cuenta que, en 2003, estando al frente de una delegación de Amnistí­a Internacional que visitó Brasil, conversó con representantes polí­ticos federales y estatales, ví­ctimas de abusos de derechos humanos y con policí­as que sufrieron ataques criminales. El mensaje fue alto y claro. Todos los brasileros - de los barrios periféricos y de las villas miseria - viven con miedo, sin contar con la protección que deberí­a surgir del proceso democrático.

En las áreas de clase media, sin embargo, además de haber mayor presencia de la policí­a, los condominios están cercados por rejas fortificadas y protegidos 24 horas por seguridad particular. En contraste, las comunidades carentes, abandonadas por el Estado y sin disposición de recursos propios, están presas en un ciclo de violencia. Las periferias urbanas, marginadas y abandonadas, se volvieron territorios sin ley controlados por grupos delictivos. La policí­a, mal remunerada, mal entrenada y mal equipada, es enviada a estos lugares para lidiar con los sí­ntomas de la negligencia del Estado. Los policí­as, en consecuencia, terminan siendo tanto causadores como ví­ctimas de la violencia.

Polí­ticos de todos los partidos y niveles de gobierno garantizaron a la secretaria de Amnistí­a que la seguridad pública era una cuestión prioritaria y que ellos harí­an todo lo posible para implementar estrategias de largo plazo orientadas a controlar la violencia practicada tanto por los delincuentes como por la policí­a. Desde entonces, una serie de acontecimientos de gran publicidad vino a enfatizar el fracaso en el cumplimiento de esas promesas.

En marzo de 2005, 29 personas fueron muertas a tiros en la Bajada Fluminense, en Rí­o de Janeiro, por policí­as militares fuera de servicio, en el que fue la mayor masacre ocurrida en la ciudad hasta hoy. Un año después, la seguridad pública volví­a a tener destaque en los medios de comunicación cuando el Ejército salió a las calles de Rí­o de Janeiro para realizar una tarea para la cual no estaba ni preparado, ni autorizado legalmente - una medida reactiva de corto plazo que hace años viene caracterizando las polí­ticas de seguridad pública.

En mayo de 2006, los ataques del grupo conocido como Primer Comando de la Capital (PCC) paralizaron a San Pablo, causando la muerte de un gran número de brasileros: agentes responsables del cumplimiento de la ley, supuestos integrantes de pandillas de delincuentes y otros ciudadanos. Nuevos ataques continúan alcanzando a San Pablo, haciendo que sus habitantes vivan en un estado de miedo constante.

En un informe sobre seguridad pública lanzado en San Pablo, en diciembre de 2005, y en campañas posteriores sobre este tema, Amnistí­a enfatizó que la violencia y la exclusión social son dos lados de la misma moneda. La polí­tica de contención de la violencia aplicada dentro de las favelas brasileras no es sólo flagrantemente injusta, sino que también es evidente que no está funcionando. Una seguridad verdadera y efectiva no será alcanzada mientras los derechos de algunos sean defendidos a costa de los derechos de otros.

Amnistí­a Internacional pide a los candidatos y potenciales detentores de cargos que presenten una polí­tica de seguridad pública de largo plazo, estructurada y financiada adecuadamente. Más especí­ficamente, pide que el próximo gobierno cree e implemente un abarcante Plan de Acción Nacional para reducir la violencia, que incluya tres elementos básicos: la introducción de una vigilancia policial basada en los derechos humanos, un programa para reducir radicalmente los homicidios policiales y refuerzo del compromiso de controlar las armas.

El DVD presentado está compuesto de dos partes y un texto final. En la primera parte, hay declaraciones de ví­ctimas de la violencia y policí­as de Recife (Estado de Pernambuco), Rí­o de Janeiro y San Pablo; y en la segunda habla la secretaria general de Amnistí­a, Irene Khan. El texto final destaca: -es la hora de terminar con la vigilancia policial represiva de las comunidades carentes, impedir el flujo de armas, ofrecer seguridad humana a todos. El poder está en sus manos-.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com