Según informaciones del Centro de Estudios de Guatemala el relator comentó que aunque el Estado no es responsable de las 5 mil ejecuciones que se registran cada año, sí­ lo es por no investigar, perseguir y enjuiciar a los culpables. De esos asesinatos, sólo el 5% de los perpetradores llega a ser condenado. Alston añadió que la cifra anual de ejecuciones sobrepasa en promedio a las muertes violentas durante los 36 años de guerra civil que vivió el paí­s, entre ellas, el asesinato de mujeres, que se ha incrementado en los últimos años.

Hay denuncias de limpieza social que deben ser investigadas, en relación con los cuerpos de posibles pandilleros, asesinados en los últimos meses, que tení­an muestras de tortura y con notas en las escenas de los crí­menes. Esto todo agravado por la falta de acción de la sociedad civil, la indiferencia de la comunidad internacional, la renuencia a pagar impuestos por parte de empresarios y los retrasos en la agenda legislativa para la aprobación de leyes de seguridad.

Guatemala se encuentra en una encrucijada, en la que una ví­a es caer en las prácticas de hace dos décadas, de mano dura, y la otra es la reforma de las instituciones dedicadas a velar por la seguridad. El representante de Naciones Unidas presentará su informe final en dos meses, pero entregará un borrador al gobierno en dos semanas.

Alston se reunió con 30 representantes de organizaciones sociales, que le entregaron un informe sobre casos de asesinatos considerados como ejecuciones extrajudiciales, supuestamente cometidas por la policí­a, el ejército y grupos paralelos. El informe se refiere a diversos sectores que han sido ví­ctimas de este tipo de violencia: campesinos, mujeres, niños de la calle, reos, pandilleros y defensores de derechos humanos.

En el documento se afirma que este año en el paí­s se han cometido 408 ejecuciones extrajudiciales: 347 contra hombres, 51 contra mujeres y 10 contra niños. Enfatiza 17 asesinatos de defensores de derechos humanos que se han cometido en los dos últimos años. Pero los casos más numerosos que han podido registrar las organizaciones son de pandilleros ejecutados en forma extrajudicial. En el informe se exponen seis asesinatos en que los testigos identifican a policí­as como victimarios.

Con respecto a los Acuerdos de Paz, el experto aconsejó el desarrollo de un sistema de justicia que garantice el imperio de la ley. Asimismo, consideró -trágico- que en la actualidad casi todos los componentes de ese sistema carezcan de fondos, sean disfuncionales o ambas cosas. Alston sostuvo que el Congreso guatemalteco tiene la responsabilidad principal de remediar este problema, pero aclaró que también la tienen la sociedad civil y el sector privado.