La primera convención internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) supone un paso adelante, al menos, en el reconocimiento de que las personas con discapacidad merecen las mismas oportunidades que el resto de los miembros de la sociedad. Pero este texto demuestra que la legislación también debe adaptarse a las necesidades especiales del colectivo. Los estudios comparativos relativos a las leyes de cada estado indican que tan sólo 45 paí­ses cuentan normativa especí­fica contra la discriminación de las personas con discapacidad por lo que la futura Declaración de Derechos de las personas condiscapacidad viene a llenar un vací­o legal considerable en la mayor parte de las naciones.

Según Javier Font, Presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid "El proyecto de la ONU es totalmente loable pero es imprescindible la creación de un órgano internacional que vele por los derechos de las personas con discapacidad a través de mecanismos y medidas concretas". En todo el mundo existen 650 millones de personas con discapacidad, es decir, un 10% dela población global, pero los datos aumentan cada año debido al envejecimiento generalizado y otros factores como los accidentes de tráfico. La situación de estas personas depende en gran medida del lugar geográfico donde hayan nacido.

El 80% de las personas con discapacidad vive en los paí­ses en desarrollo. A este respecto, el Presidente de la Federación, Javier Font, señala que "las medidas deberán implantarse en nuestro paí­s, en Europa y de manera muy especial en los paí­ses en ví­as de desarrollo, donde el colectivo se encuentra más desprotegido a causa de su vulnerabilidad".

Instituciones como el Banco Mundial han publicado cifras a este respecto. Se calcula queel 20% de los más pobres del planeta se encuentra afectado por la discapacidad, y dentro de sus propias comunidades, estas personas, son consideradas como los individuos en situación más desventajosa.

La iniciativa tomada en la ONU representa un cambio en la mentalidad común, ya que los paí­ses demuestran una afirmación del potencial de las personas con discapacidad. Se ha demostrado en numerosas ocasiones que cuando se ponen en marcha polí­ticas de integración social y laboral, el colectivo es capaz de participar completamente en la vida de la comunidad y de generar riqueza económica y valores educativos. De esta forma el colectivo contribuye a mantener los sistemas que forman una nación. Los objetivos del Tratado, que tendrá que ser aprobado por la Asamblea General de la ONU y ratificado por los paí­ses miembro de la organización, pretenden aliviar estasituación a través de iniciativas especí­ficas tan necesarias como la promoción de las personas con discapacidad en el acceso a la información y a sistemas de salud adecuada. Por otra parte, el texto considera la accesibilidad como un requisito fundamental para garantizar la movilización del colectivo y como un beneficio que repercute en toda la sociedad. De momento, la convención se plantea como un instrumento vinculante para que los Gobiernos pongan en marcha reformas legislativas que mejoren y faciliten la educación y la inserción laboral del colectivo pero aún así­ es necesario que todos los polí­ticos adquieran este compromiso como una prioridad durante la duración de sus legislaturas y no solamente en campaña electoral.

Además, desde las instituciones internacionales será imprescindible que se revise cada año el cumplimiento de lanorma. El próximo texto será la conclusión de un largo trabajo de todas las asociaciones, federaciones y personas que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El proceso comenzó a finales de los años 50 con cuestiones relativas al bienestar que poco a poco evolucionaron hasta la petición de la máxima integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad. FAMMA"“Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a más de 40 asociaciones y representa a más de 35.000 personas. Al ser la interlocutora de la discapacidad fí­sica y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.