Esos son los programas desarrollados por el Banco Mundial en el campo brasilero bajo la cubierta de -ayuda financiera para proporcionar el desarrollo de paí­ses pobres-. La realidad, sin embargo, presenta a un organismo que impone su polí­tica neoliberal y exige de los gobiernos una contrapartida, comprometiendo y perjudicando el presupuesto del Estado. Las áreas utilizadas por el Banco Mundial poseen grandes extensiones (por lo tanto pueden ser caracterizadas como latifundios). Esto significa que estas tierras deberí­an haber sido expropiadas para la reforma agraria.

Para comprender los programas del Banco Mundial y su actuación en el campo brasilero, la Red Tierra de Investigación Popular, constituida por organizaciones de la Ví­a Campesina en Brasil - Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Movimiento Sin Tierra (MST), Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Movimiento de Damnificados por Represas (MAB), Pastoral de la Juventud Rural (PJR) y Federación de Estudiantes de Agronomí­a de Brasil (FEAB), y por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos - realizaron una encuesta con las familias que integran esos programas. Las informaciones son de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.

La iniciativa de las organizaciones de la Ví­a Campesina es la primera en el paí­s y entrevistó a 1.677 personas, en un universo que corresponde a 60 mil familias. La investigación abarca los programas Cédula de la Tierra, Banco de la Tierra, Crédito Fundiario y Nuestra Primera Tierra, durante el perí­odo de 1997 al 2005. Esos programas, iniciados en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y continuados en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, privilegian la visión mercadológica de la tierra y el modelo del agronegocio para las plantaciones.

Para la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, los programas del Banco Mundial -benefician al latifundio improductivo con el pago al contado de la tierra, con la adquisición de tierras devueltas, muchas de mala calidad y con precio inflado. Las asociaciones creadas para la compra de las áreas son muchas veces organizadas por los propios terratenientes, ya que diversas tierras adquiridas podrí­an ser pasibles de expropiación-.

La investigación revela que el 35% de las familias investigadas no eligieron su tierra, el 41% no participó de las negociaciones. La gran mayorí­a de los entrevistados, el 81%, desconoce las tasas de interés cobradas en los financiamientos. Las condiciones de los proyectos y el desconocimiento de sus reglas imposibilitan el pago de los prestamos por los trabajadores rurales, mitad de las familias abandonan los lotes comprados, e impiden la producción hasta incluso para la subsistencia familiar.

Las condiciones de las tierras compradas son precarias. El 48% de las familias afirman haber encontrado tierras que estaban totalmente abandonadas. No hay energí­a eléctrica en el 20% de las mismas, agua potable sólo en un 27%. Faltan escuelas y jardines de infantes en otras 48%. No hay agua para producción o irrigación (74%), puestos de salud (76%), ambulancias (72%), agentes de salud (29%), y transporte escolar (22%). Los trabajadores rurales tampoco reciben asistencia técnica en el 86% de los casos.

De las familias entrevistadas, el 36% no recibieron financiamiento para dar comienzo a sus actividades. Entre las familias con contratos colectivos, sólo el 47% recibieron algún financiamiento. En el 46% de los casos, lo que la tierra produce no es suficiente para suplir las necesidades de sustento de las familias y el 47% de las mismas revela que lo que ganan con la producción no es suficiente para pagar las prestaciones del financiamiento. A pesar de que el Banco Mundial dice que los programas disminuyen la pobreza, el 19% de los participantes dijeron ya haber pasado hambre después de su ingreso en el programa.

Para la Red Social, esos proyectos -debilitan al Estado en sus atribuciones, compite con los instrumentos y recursos públicos de la reforma agraria basada en la función social de la tierra y legitima a las oligarquí­as rurales-. La investigación muestra que la mayorí­a de los participantes del programa ya viví­a en el campo (73%), pero un porcentaje relevante (26%), son de habitantes de la ciudad lo que -revela la gran demanda por una amplia reforma agraria en Brasil-.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com