Las adhesiones han sido recolectadas por Amnistí­a Internacional en Chile, España, Estados Unidos y Perú; y por la Coordinadora contra la Impunidad de Chile y la Coordinadora de Derechos Humanos en el Perú. Amnistí­a y las demás organizaciones e individuos que adhieren consideran que existen méritos para que el ex presidente Alberto Fujimori enfrente cargos por graves violaciones de Derechos Humanos durante la época de su gobierno.

Las violaciones de derechos humanos cometidas en el Perú durante el gobierno de Fujimori fueron sistemáticas y la impunidad fue legalizada. El carácter generalizado y sistemático de estas violaciones constituyen crí­menes contra la humanidad. Todos los Estados, incluido Chile, tienen la obligación de investigar y, en su caso, de procesar y castigar a las personas responsables de haber cometido u ordenado cometer crí­menes contra la humanidad y de colaborar en su aprehensión, detención, extradición y castigo.

– Estamos complacidos de ver que un proceso de extradición se está llevando a cabo después de la detención del Sr. Fujimori en Chile el 07 de noviembre de 2005, y confiamos que la justicia prevalecerá. Mientras este caso se encuentre pendiente ante los tribunales chilenos, consideramos que existe una gran oportunidad para valorar la importancia de defender los derechos humanos y combatir la impunidad que ha afectado tanto a Perú como a Chile-, afirma la carta entregada a Bachelet.

Un reciente informe de Amnistí­a Internacional aporta al objetivo de evitar que delitos cometidos durante el mandato de Fujimori queden impunes e incluye detalles de la masacre de 15 mujeres, hombres y niños, en Barrios Altos, Lima, en 1991; y de la desaparición forzada y del asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en 1992.

– La justicia chilena tiene la responsabilidad legal y moral de investigar las acusaciones por violaciones a los derechos humanos que tiene Fujimori en su contra y facilitar el proceso para que el ex mandatario sea extraditado o juzgado en Chile-.

Muchos de los casos fueron atribuidos, al -Grupo Colina-, un grupo paramilitar creado en 1992 dentro del Servicio de Inteligencia Nacional bajo el mando de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial en materia de -inteligencia- y cercano al entonces Presidente Alberto Fujimori.

Cincuenta y siete personas vinculadas al -Grupo Colina-, incluido Vladimiro Montesinos, están actualmente siendo juzgadas en Perú por delitos de asociación ilí­cita para delinquir, secuestro agravado, homicidio calificado y desaparición forzada en relación a los casos de La Cantuta, Barrios Altos, el secuestro y asesinato de nueve pobladores de El Santa, Ancash, en 1992, y la desaparición y homicidio del periodista Pedro Yauri Bustamante, en Huacho, Lima, en 1992.

En septiembre de 2005, tres de los acusados de pertenecer al -Grupo Colina- reconocieron haber participado en los crí­menes de los cuales se les acusaba y se declararon culpables de los cargos presentados en su contra. Los testimonios de los ex miembros del Grupo Colina no sólo confirman la existencia del grupo paramilitar sino su vinculación con el Servicio de Inteligencia y con Alberto Fujimori.

Varias organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado al Gobierno de Fujimori por violaciones de Derechos Humanos. Así­ es como en julio 2006, el Estado peruano reconoció ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la plena responsabilidad por la matanza de 42 internos en el Penal Miguel Castro Castro (Lima), en mayo de 1992.

Para la Caravana contra la Impunidad, Fujimori subvirtió las instituciones democráticas de su paí­s. Como presidente, él impuso el control total del Congreso, la magistratura, el Ministerio Público, el sistema electoral y muchos de los medios de comunicación.