La participación de CEAR, que consiste en la acogida de estas personas y el asesoramiento social y jurí­dico, obedece a un imperativo humanitario, pero desde el primer momento esta ONG ha mantenido sus reservas frente a un programa que establece una acogida limitada en el tiempo desde nuestro punto de vista y no prevé la concesión de permisos de residencia y trabajo por circunstancias humanitarias a aquellas personas que no puedan ser devueltas a sus paí­ses, si bien al menos sí­ ha prevenido posibles crisis humanitarias.

Ante el notable aumento de la llegada de inmigrantes a Canarias, la Administración decidió trasladar a estas personas a territorio peninsular, donde existe un mayor número de recursos para atenderlas, tanto públicos como gestionados por las organizaciones no gubernamentales. Este programa también se justifica por la imposibilidad de expulsarlas o devolverlas a sus paí­ses de origen, bien por la inexistencia de acuerdos bilaterales en este sentido, bien por razones humanitarias (sistemáticas violaciones de los derechos humanos, guerras"¦ en dichos paí­ses).

CEAR también quiere puntualizar que la distribución de los inmigrantes trasladados desde Canarias entre las distintas comunidades autónomas obedece a los dispositivos de acogida de las distintas ONG que participan en este programa, principalmente a las plazas disponibles.

España, y en concreto Canarias, no está "sufriendo" este año una "ola" o incluso una "avalancha" de inmigrantes, ya que las cifras reales, aunque suponen un notable incremento respecto a 2005, son mí­nimas para un paí­s que cuenta con una población de 44 millones de personas. Además, muchas de ellas, después de la acogida, se dirigen a otras naciones europeas. Por ello, CEAR pide a las fuerzas polí­ticas y sociales que hagan un ejercicio de responsabilidad, eviten crear alarma social y renuncien a manipular la tragedia de unos seres humanos.

Por último, frente a quienes argumentan que regularizar a estas personas favorece el manido "efecto llamada", CEAR recuerda que en los últimos seis años ha habido un progresivo endurecimiento de la legislación de Extranjerí­a y se ha intensificado el control de las fronteras y sin embargo los flujos migratorios hacia nuestro paí­s no han cesado de crecer. En consecuencia, CEAR solicita al Gobierno y a la Unión Europea que no se limiten a polí­ticas de controles fronterizos y que se involucren de manera activa en verdaderos programas de desarrollo para los paí­ses del Sur que desincentiven la inmigración, una auténtica tragedia para estas naciones.