Galicia encabeza las estadí­sticas de la última década, en cuanto a superficie afectada y número de incendios, salvo los años 2003 y 2005 que coincidieron con dos grandes incendios forestales en las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucí­a. En Galicia se quema año tras año, aproximadamente el 50% de la superficie total que arde en todo el Estado español y registra el 40% de los incendios.

Por tanto, no parece recomendable ni serio, lanzar mensajes a la opinión pública desde las Administraciones públicas y de determinados partidos polí­ticos, insistiendo en el carácter excepcional de la situación. Lo único que se podrí­a considerar excepcional de los actuales incendios es el hecho de que se concentran en parte de la franja más densamente poblada de Galicia, zona caracterizada, además, por una extrema dispersión geográfica fruto de una mala/nula ordenación territorial. Históricamente Galicia es de las Comunidades Autónomas con un mayor porcentaje de incendios con causa desconocida, concretamente en 2004 un 40% de los incendios ocurridos fueron provocados por causas desconocidas. Los incendios forestales requieren y demandan un análisis más detallado y certero, que nos ayude a desenmascarar los elementos y motivaciones que conducen inexorablemente a Galicia a encabezar año tras año las estadí­sticas de incendios forestales. Sólo así­ se logrará una solución definitiva del problema.

Además de una intencionalidad premeditada para obtener beneficios concretos con el fuego, se dan otras situaciones donde el origen hay que situarlo en malas prácticas y uso del fuego inadecuadas y de alto riesgo, como las arraigadas quemas agrí­colas y para obtención de pastos, el uso de fuego en áreas de descanso, zonas de acampada y recreativas, etc.

Precisamente en Galicia se permiten todaví­a actividades ya prohibidas en otras comunidades autónomas. La Xunta de Galicia permite el uso de fuego en las áreas recreativas, zonas de acampada y áreas de descanso de la red de carreteras. No existe normativa que regule la eliminación de residuos al aire libre a diferencia de la mayorí­a de las Comunidades Autónomas.

También se permite la circulación en vehí­culo a motor por las pistas y caminos forestales en época de máximo peligro de incendio forestal. Además se tolera la utilización de maquinaria forestal y agrí­cola en las áreas forestales y próximas a éstas, incluso en el periodo más crí­tico (mayo-noviembre. Al mismo tiempo, se permite la utilización de artefactos pirotécnicos en las fiestas populares. La suma de estas situaciones de riesgo supuso en el 2005, casi el 21% de los incendios forestales que asolaron España.

A todo esto debemos añadir un elemento agravante: tras décadas de gestión forestal insustentable "“polí­tica continuada por la actual Xunta"“, los montes gallegos, abarrotados de plantaciones de especies pirófitas y cerrados de maleza, se encuentran en unas condiciones óptimas para la rápida expansión del fuego.

Verdegaia y Ecologistas en Acción consideran fundamental trabajar en varios ámbitos con objeto de reducir el riesgo de incendios forestales y el grado de vulnerabilidad de la población:

.Labor informativa y de sensibilización a la población, particularmente a la rural. En muchos casos los incendiarios están localizados y se conocen, sus nombres y lugares de residencia. Si no se establece un ví­nculo de colaboración y compromiso por parte de la ciudadaní­a, las posibilidades de avanzar en la solución del problema son mí­nimas.

.Elaboración y aprobación de Planes de Autoprotección para los pueblos, aldeas, casas rurales, camping, e instalaciones en general situadas en zonas de medio y alto riesgo de incendios forestales.

.Elaboración y aprobación de normativa que regule adecuadamente las prácticas de fuego, tanto las agropecuarias como las recreativas.

.Aumento y mejora de los equipos de investigación de causas de incendios forestales. Es fundamental determinar el origen de los incendios forestales. Para ello, el trabajo de investigación se debe de realizar con absoluta solvencia. La mayorí­a de procedimientos o casos penales acaban sobreseí­dos por falta de pruebas y por la descoordinación entre los numerosos profesionales y cuerpos que intervienen en la extinción y en la investigación de causas.