Las organizaciones Amnistí­a Internacional, CINTRAS, CODEPU, FASIC y PIDEE se reunieron recientemente con la presidenta para exponerle una serie de preocupaciones que se plasmaron en la Carta Abierta. Amnistí­a informa que la presidenta recibió las iniciativas y prometió respuesta especí­fica, por parte de su gobierno.

En materia de graves violaciones a los derechos humanos, las entidades señalaron que importantes avances ha experimentado en el último tiempo el paí­s en materia de verdad, justicia y reparación respecto de las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura militar. No obstante lo avanzado, la existencia de ciertas instituciones de carácter polí­tico y legal tales como el Decreto Ley de Amnistí­a y la Justicia Militar, sumado al esfuerzo de sectores comprometidos con el pasado dictatorial que, de tanto en tanto, proponen mecanismos de impunidad, son obstáculos serios que comprometen el camino de verdad y justicia. Ante esta realidad las organizaciones proponen: la derogación del Decreto Ley de Amnistí­a y de sus efectos.

En relación a la polí­tica de reparación de las ví­ctimas de prisión polí­tica y tortura, afirman que el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Polí­tica y Tortura es la medida de reparación más significativa para cada una de las personas ví­ctimas de la práctica sistemática, masiva y grave de la tortura, y contribuyó a poner fin al silenciamiento que al respecto existí­a. A pesar de ello, existen ciertos aspectos que es necesario profundizar y que recogen el sentir de la comunidad nacional e internacional, la que en mayo de 2004, por medio del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas recomendó al Estado de Chile adoptar, entre otras medidas, abrir un nuevo perí­odo para la calificación de ví­ctimas de prisión polí­tica y tortura.

Además recomiendan: levantar el secreto que por 50 años se establece respecto de los testimonios y antecedentes reunidos por la Comisión Nacional Sobre Prisión Polí­tica y Tortura; y mejorar la polí­tica de reparación adecuándola a las recomendaciones de la propia Comisión Nacional Sobre Prisión Polí­tica y Tortura.

En relación a la Justicia Militar, las organizaciones señalan que se debe acabar con la intromisión de la justicia militar en los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura; resulta imperioso que en esta materia se limite su fuero y jurisdicción a los delitos propiamente militares cometidos por militares, excluyendo su competencia a la investigación y eventual sanción de civiles, cualquiera sea la naturaleza del hecho punible imputado; excluir del Código de Justicia Militar el delito de violencias innecesarias, dejando sólo vigente el de apremios ilegí­timos contemplados en el Código Penal; y adecuar el Proceso Penal Militar a los nuevos criterios y estándares de la Reforma Procesal Penal.

Para las entidades, el Gobierno de Chile debe ratificar los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, en particular la Convención de Naciones Unidas Sobre Desaparición Forzada de Personas; apoyar la iniciativa legislativa de adecuación del Código Penal a los estándares internacionales; promover una ley en materia de ejecución de la pena que garantice efectivamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad en cumplimiento de sentencias ejecutoriadas o de medidas cautelares personales; y fortalecer la institucionalidad de los Derechos Humanos, especialmente a través de la definitiva creación del Instituto de Derechos Humanos. Las entidades también quieren que el gobierno fortalezca el rol del Estado en el apoyo a la sociedad civil dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos.