Sin embargo, a pesar de un tí­mido reconocimiento "moral" de las ví­ctimas, dicho Anteproyecto decepciona por cuanto no se establecen medidas eficaces para una auténtica rehabilitación de las ví­ctimas de la dictadura franquista. Veamos por qué:

– El texto trata como ví­ctimas iguales a "nacionales" y "republicanos", cuando lo que está todaví­a pendiente es el resarcimiento moral y jurí­dico de quienes tuvieron cuarenta años de persecución y represión a manos de un victorioso ejército golpista.

– Se diluye el valor del término Memoria Histórica como recuperación colectiva de algo que sucedió y fue acallado por la violencia, sustituyéndolo por "memoria personal y familiar", reconvirtiendo lo que fue un represión sistemática y colectiva contra cientos de miles de excombatientes republicanos/as en supuestas afrentas individuales.

– El mí­nimo resarcimiento reconocido vendrá por un proceso administrativo, que no jurí­dico, personalizado y casi secreto. Con la aparente objetividad de unas personas de honor se dictará si alguien fue injustificadamente penalizado o no. Incongruente con la sentencia general que dictó que todos los juicios franquistas fueron injustos tanto de hecho como de derecho.

– No sólo no habrá resarcimiento económico por esas injusticias si no además tampoco se admite la posibilidad de que se reabran procesos, y se publicite quiénes fueron los asesinos y y sus responsables durante el franquismo. Los nombres de jueces y verdugos serán secretos. No se podrá ni mancillar su honor ni llegar a exigirles respuesta, aunque sea moral, por sus actos.

– Se burocratiza y administrativiza el proceso de exhumación de las fosas comunes. Queda en manos de las familias preguntar dónde están sus muertos y exhumarlos o no,"¦ con el permiso final de quienes detenten la propiedad del terreno.

– Podrá haber placas y sí­mbolos de la guerra... si recuerdan a ambos bandos por igual"¦

– El Valle de los Caí­dos será lugar de culto y de honra a todos los caí­dos.

– Por último, sigue dejando fuera casos escandalosos como el de Delgado y Granados y tantos otros, como el de los más de 200.000 "republicanos" condenados a trabajos forzados, abriendo sólo una puerta a subvenciones para investigarlos.

Sólo dos aspectos podemos considerar mí­nimamente positivos, aunque rozan lo meramente simbólicos:

– Se mejoran y amplí­an las posibilidades de pensión de las familias de los asesinados o de los encarcelados, con las limitaciones ya legisladas anteriormente.

– Y se concede la doble nacionalidad a los excombatientes de la Brigadas Internacionales"¦

Lo peor de este texto es que el Gobierno quiere sacar una ley para poner punto final a la reclamaciones de la Memoria Histórica olvidada y mancillada, al tiempo que la transfiere al mundo académico de estudiosos, historiadores y centros de documentación y, así­ mismo, la reconvierte en algo "personal y familiar", hurtando las acciones vindicativas colectivas llevadas a cabo por decenas de colectivos por la Memoria Histórica. Es, por lo tanto, un capí­tulo más de la "reconciliación nacional" iniciada con la Transición.

La CGT no puede por menos que manifestar su decepción y rechazo a este Anteproyecto de Ley, y seguirá luchando por la rehabilitación plena de todas las ví­ctimas del fascismo franquista.

¡ ¡ ¡ No puede haber Democracia sin Justicia !!!