La denuncia ha sido expuesta por los pueblos y organizaciones indí­genas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua.

Los indí­genas organizados solicitaron a la CIDH que, entre otras cosas, realice una visita esos paises para constatar las situaciones expuestas. La denuncia partió del Centro de Recursos Jurí­dicos para los Pueblos Indí­genas, Congreso General Kuna, Pueblo Maya Q"™eqchi"™, Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI), Pueblos Brunca y Teribe, Organización Kus Kura, Pueblo Miskito y del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de los Pueblos Indí­genas de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

El Congreso General Kuna denunció, por ejemplo, como el Estado panameño ha negado en forma constante el reconocimiento de sus derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras ancestrales ubicadas en la provincia de Colón, distrito de Santa Isabel, a pesar de los recursos judiciales interpuestos por más de 20 años. Ya el Pueblo Maya Q"™eqchi"™ de El Estor, Izabal, explicó como el Estado guatemalteco en forma sistemática no delimita, ni demarca ni titulariza sus territorios ancestrales, con la sola finalidad de desconocer así­ sus derechos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales.

En especial, evidenció como en forma estratégica Guatemala desconoció los derechos colectivos de propiedad y libre determinación, a fin de conceder, en forma irregular y oscura, la licencia de explotación de ní­quel a favor de la Empresa Guatemalteca de Ní­quel (CGN), sin siquiera informar y consultar previamente a las comunidades afectadas, que constantemente solicitaron el inmediato catastro de sus territorios.

Los Pueblos Brunca y Teribe, en términos generales, indicaron como el Estado costarricense desde hace casi 30 años viene desconociendo los derechos colectivos de sus pueblos indí­genas reconocidos por la propia ley interna 6172 de 1977 -Ley Indí­gena-, al no aplicar sus preceptos ni hacerlos respetar por particulares. Incluso, denunciaron como Costa Rica lesiona los derechos colectivos de propiedad y libre determinación de sus pueblos indí­genas, imponiéndoles su organización en -Asociaciones de Desarrollo Indí­genas- , entidad de naturaleza estatal con débil participación indí­gena, desconociendo sus propias formas tradicionales de organización comunitaria, así­ como sus autoridades tradicionales.

El Pueblo Miskito detallo como el Estado nicaragí¼ense incumple las obligaciones emergentes, no solo de la ley interna 445 -Ley de Propiedad Comunal-, sino también de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Awas Tingni, relativas a sus derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales. En especial, expuso como Nicaragua ahora pretender violar nuevamente tales derechos por medio de la inscripción de los tí­tulos colectivos de propiedad de las comunidades indí­genas bajo la figura del -co-dominio con el Estado- y; a través de su inscripción en forma provisoria, para menguar así­ sus plenos efectos jurí­dicos.

Los pueblos y organizaciones indí­genas solicitaron a la CIDH que, entre otras cosas, realice una visita in loco a Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua para constatar las situaciones expuestas; así­ como recomiende a tales Estados la adopción de medidas administrativas, legislativas o de otra í­ndole necesarias para garantizar, en forma idónea y efectiva, los derechos colectivos de propiedad sobre las tierras ancestrales y recursos naturales de los pueblos indí­genas.