Las personas con discapacidad, 3,5 millones en España y un 10% en la Unión Europea, cada vez participan más en actividades turí­sticas, gracias al trabajo de muchas personas que luchan por su integración en todos los aspectos de la sociedad. Aún así­, el colectivo ve vulnerado su derecho a disfrutar del tiempo libre en numerosas ocasiones.

A pesar de que paulatinamente, se adaptan ciertas instalaciones, los impedimentos, barreras y dificultades persisten. Este hecho supone una doble limitación, por una parte las personas con discapacidad ven reducidas sus oportunidades de ocio, pero por otra el mercado turí­stico ignora un sector de la población que puede convertirse potencialmente en cliente habitual de operadores y agencias de viajes. Más aún, cuando se calcula que las personas con discapacidad viajan un 7% más que las personas que no tienen ninguna discapacidad.

Además, el gasto por turista es más elevado, especialmente por la necesidad de un alojamiento adaptado que eleva el coste de las vacaciones. Sin embargo, las necesidades del colectivo pasan desapercibidas para la mayorí­a de ellos, ya que se estima que un 80% de estas empresas no cuenta con ofertas turí­sticas accesibles. Al respecto Javier Font, Presidente de la Federación declara que "La falta de formación e información dificulta el disfrute vacacional de las personas con discapacidad en sus lugares de descanso y ni tan siquiera garantiza su bienestar lo que puede convertir su estancia en una verdadera odisea".

El mayor inconveniente que se plantea para las personas con movilidad reducida en este aspecto son las barreras arquitectónicas que dificultan actuaciones tan sencillas y elementales para los demás como acceder a un baño, subirse a un avión, bañarse en unapiscina o transitar por un paraje natural. Si tomamos como referencia, las ciudades deMadrid y Barcelona, que son las que disponen de mayor oferta hotelera, sólo el 8% de los recintos serí­a completamente accesible mientras que el 20% serí­a practicable con ayuda de una tercera persona, en cualquier caso, una mí­nima parte de los alojamientos. Además, la ausencia de unas instalaciones adecuadas a las necesidades de las personas con movilidad reducida provoca que a veces se llegue a situaciones incómodas. La falta de entradas accesibles provoca que una persona que utilice silla de ruedas tenga que acceder al recinto por lugares poco usuales como la entrada a la cocina, o por sitios habilitados para la carga y descarga de mercancí­as. Pero, la ausencia de atención a las personas con discapacidad también se hace latente en los recursos humanos.

Generalmente, las instalaciones turí­sticas a menos que se dirijan especialmente al colectivo no cuentan con personal cualificado para atender las demandas de estas personas. Es más, la falta de previsión y el desconocimiento hace que los empleados de aerolí­neas, hoteles o balnearios se encuentren desorientados frente a una persona con discapacidad, con las consiguientes molestias que esto ocasiona para el usuario. A este respecto, Javier Font considera que "el sector turí­stico, ya sea público o privado, deberí­a hacer un esfuerzo por elaborar planes de formación especí­ficosdirigidos a la atención de personas con discapacidad, un beneficio que revierte en el colectivo pero también en el propio negocio, ya que incorpora un nuevo público entre sus consumidores."Esta reclamación de la Federación se dirige tanto a los poderes públicos, que son responsables de la accesibilidad de playas, parques naturales y el patrimonio cultural, como al sector privado que desde la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación en 2003 está obligado a garantizar el acceso a estos servicios en las mismascondiciones en las que se ofrecen al resto de los ciudadanos.

Por lo tanto, el incremento dela oferta turí­stica accesible debe considerarse como un ejercicio de responsabilidad social, una oportunidad de negocio y una ventaja competitiva para los productos y servicios que se prestan.FAMMA"“Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 39 asociaciones y representa a más de 35.000 personas. Al ser la interlocutora de la discapacidad fí­sica y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.