Dos muertes que se han producido en circunstancias que hacen sospechar de la escasa atención prestada a la prevención de riesgos laborales por el empresariado, responsable último de la aplicación de la normativa vigente desde 1996.

Las caracterí­sticas de los dos fallecimientos ilustran sobre el preocupante estado de la cuestión en la Comunidad de Madrid. El trabajador que perdió la vida en Meco pertenecí­a a una empresa subcontratada por aquella donde fue certificada su muerte. Por esta razón, ninguno de sus compañeros fue capaz de dar el nombre de la ví­ctima a la autoridad sanitaria cuando ésta se desplazó al lugar de los hechos.

El trabajador que ha fallecido atrapado entre unas cintas transportadoras de Iberplaco, una firma de yesos, trabajaba solo con una máquina con fallos reiterativos en su funcionamiento, punto este que fue comentado en múltiples ocasiones por el operario que sufrió el mortal accidente. Todo apunta a que esta última muerte podrí­a haberse evitado con una adecuada implantación de las medidas contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Tales datos revelan el escaso interés del Gobierno regional, reacio a establecer medidas de acompañamiento a la legislación nacional que contengan los efectos devastadores que para la salud y la vida tiene la subcontratación, una de las variables que explican la espiral imparable de accidentes que registra la Comunidad Autónoma de Madrid.

Por su parte, el empresariado aún mantiene reservas totalmente irresponsables para habilitar medidas que prevengan este goteo insaciable de muertes y accidentes que minan la credibilidad del dinamismo de la economí­a madrileña. Nadie debe morir por trabajar.

Por ello, UGT-Madrid insiste una vez más en la necesidad de que el Gobierno regional se persone como acusación popular en los juicios sobre accidentes muy graves y mortales, sea publicada el listado de empresas incumplidoras de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y la Administración de ejemplo a las empresas estableciendo como requisito imprescindible en las contrataciones administrativas que cumplan la normativa y no cuenten en su haber accidente laboral de cualquier naturaleza.

UGT-Madrid continúa, finalmente, convencida de la necesidad de que una coordinación de la Inspección de Trabajo con la Judicatura y la policí­a es una de las medidas que contribuirán a reducir el inaceptable número de muertes que golpea dí­a tras dí­a el mercado de trabajo regional.