El documento, elaborado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indí­genas (IWGIA), afirma aún que el renovado interés del capital trasnacional en los recursos naturales ha intensificado la presión sobre los territorios indí­genas.

Una serie de leyes controversiales se han estado aprobando en los últimos años que facilitan la privatización de los recursos naturales. Muchas comunidades han sido o están siendo empujadas a convertirse en empresarias para vender los bienes comunes de la humanidad como el agua, el aire y la biodiversidad. A su vez la resistencia organizada ha tenido sus triunfos y ha sido objeto de mucha represión. La violencia polí­tica se ha agudizado especialmente en Oaxaca y Guerrero.

En el 2005 se agudizó el conflicto en torno a la eventual construcción de la represa La Parota en Guerrero, con un saldo de tres asesinatos, decenas de heridos y choques entre campesinos y cuerpos policí­acos. Según los planes del gobierno, la represa producirí­a alrededor de 1,332 millones de Kwh al año, equivalente al consumo anual del estado de Guerrero. Los indí­genas y campesinos organizados contra esta construcción advierten que la presa hidroeléctrica inundarí­a 17 mil hectáreas de selvas de alta biodiversidad, y desplazarí­a de manera directa a más de 25 mil personas. En total, una población de 72 mil personas serí­an los afectados, convirtiendo la represa en un verdadero "˜"™ecocidio y etnocidio"™"™.

La Ley de Minas también faculta al gobierno federal a entregar concesiones que permitan la extracción de minerales del subsuelo incluso a empresas transnacionales, sin que para ello sea necesario el consentimiento de las comunidades y pueblos indí­genas que han vivido en esas tierras desde tiempo inmemorial. En las comunidades nahuas de la Sierra de Manantlan en Jalisco, por ejemplo, se han dado 16 concesiones que prácticamente cubren toda la reserva de la biosfera del mismo nombre.

La agenda polí­tica indí­gena de fortalecer los saberes tradicionales y la recuperación y fomento de prácticas sustentables frente a los intereses del capital todaví­a cobra una importancia mayor en Chiapas. La región es conocida como uno de los -bio- hot spots- del planeta ya que en el estado se concentra el 40% de la biodiversidad de todo el paí­s y un porcentaje importante de toda la biodiversidad en el continente.

Pero en el 2005, se aprueba al nivel federal la ley de bio-seguridad y organismos genéticamente modificados, conocido popularmente como la Ley Monsanto, que promueve el desarrollo de los transgénicos en México e instrumenta la privatización de los recursos genéticos del paí­s y la concesión de patentes sobre conocimientos indí­genas. Esta ley lejos de proteger la salud y diversidad biológica de los cultivos cuyo centro de origen es Mexico como el maí­z, frí­jol, calabaza, tomate, algodón, aguacate, etc., permite la importación y siembra en el territorio nacional de semillas transgénicas.