El responsable del equipo jurí­dico de Andalucí­a Acoge, José Luis Rodrí­guez Candela, calificó como "insostenible" la falta de transparencia en el que se mantienen los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que no favorecen los mecanismos de control. En concreto, denuncia que las organizaciones sociales tienen prohibida la entrada al centro de Capuchinos (Málaga) de su personal sanitario, jurí­dico y de asistencia social desde hace 10 años, a raí­z de la sentencia que condenaba a un policí­a por una vejación injusta de carácter sexual a una interna.

La federación de asociaciones Andalucí­a Acoge, que se personó ayer como acusación popular en el caso, reclama que los centros se adapten a la sentencia de septiembre de 2005 que obligaba restituir a las personas retenidas en los CIE en sus derechos, vulnerados a través de la restricción de las visitas de familiares y abogados, los controles de la correspondencia, el decomiso de sus pertenencias personales, entre otros.

Los acontecimientos, apunta Rodrí­guez, exigen que la custodia de las internas extranjeras sea encargada exclusivamente a funcionarias civiles cualificadas, dejando a las fuerzas de seguridad la custodia externa del perí­metro del centro, tal como sucede en los centros penitenciarios. Por otro lado, lamenta que el Sindicato Unificado de la Policí­a (SUP) criminalice con sus declaraciones a las mujeres extranjeras para justificar la actuación de los detenidos.

La organización considera inaceptable que no exista una ley que regule el funcionamiento de estos centros, porque "“dice- "los presos que se encuentran internos en cárceles españolas cuentan con una ley que les protege, pero los inmigrantes recluidos en los CIE se encuentran en una indefensión jurí­dica absoluta, pese a no ser delincuentes". Andalucí­a Acoge recuerda que estas personas sólo han cometido una infracción administrativa que es la de permanecer sin la documentación adecuada en un paí­s.

El vací­o legal que existe somete a los inmigrantes de estos centros a condiciones de vida más duras que los que se encuentran en prisión. El PSOE en el año 2001 ya presentó una enmienda en la que solicitaba al Gobierno del PP regular por ley orgánica el régimen de los centros, pero desde que comenzó su mandato no ha iniciado ningún tipo de acción para llevar a la práctica esa exigencia.

Por ello, Andalucí­a Acoge exige al Gobierno que sea "coherente" con sus propuestas y reglamente por ley orgánica la articulación de los CIE, contando con el consenso de todos los grupos parlamentarios y no a golpe de orden ministerial dictada directamente desde el Ejecutivo.