Ecologistas en Acción considera positivo el nuevo texto de Ley que pasa a ser proyecto de Ley tras la aprobación en Consejo de Ministros. La ley es un paso adelante pero a juicio de esta organización insuficiente para frenar la especulación urbaní­stica. Dada la situación urbaní­stica caótica que reina en la mayor parte del territorio español la futura Ley de Suelo deberá ser más restrictiva en algunos aspectos determinantes. También se considera un avance importante el hecho de que el Ministerio de Vivienda haya contado con las organizaciones ecologistas en el proceso de redacción del texto del anteproyecto, algo que no habí­a sucedido anteriormente.

Desde el punto de vista ambiental uno de los aspectos más relevantes es la recuperación del protagonismo del suelo que el texto denomina rural. A partir de ahora los instrumentos de ordenación deberán justificar la necesidad de transformar el suelo rural a urbanizado. El suelo que no sea necesario deberá ser preservado de la urbanización. Este aspecto supone un cambio radical en la situación actual. La actual Ley de 1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, más conocida como la ley del todo urbanizable, ha demostrado su fracaso en la reducción del precio de la vivienda y sin embargo ha fomentado una situación de caos urbaní­stico que debe ser corregido.

Otros aspectos de la nueva Ley a resaltar son los nuevos criterios de valoración del suelo o la obligación de someter a evaluación ambiental los planes urbaní­sticos y de ordenación del territorio. Tan importante como estos resulta el hecho de que se intente incrementar la transparencia del procedimiento urbaní­stico sometiendo los convenios urbaní­sticos a información pública y dando un mayor protagonismo a la participación pública en todo el proceso urbanizador.

Por otra parte es un paso muy importante, el hecho de que deba reservarse un 25 % del suelo a vivienda de protección oficial (VPO) y los propietarios de suelo deban ceder entre un 5 y un 15% de los aprovechamientos al Ayuntamiento. Aunque a juicio de Ecologistas en Acción estos porcentajes deberí­an incrementarse a un 50% para la VPO y a un 10-20% de cesiones de aprovechamientos es un paso adelante porque supone fijar un mí­nimo que en la Ley de 1998 no existe ni para VPO ni para el caso de los aprovechamientos.

Sin embargo, el texto tiene algunos puntos negros que deberán ser rectificados. La Ley deberá ser más restrictiva en cuanto a la utilización del suelo rural. Tal y como está redactado el articulado, las Comunidades Autónomas podrí­an incluir dentro del suelo rural (el actual suelo no urbanizable protegido) construcciones que no son propias de este tipo de suelo.

Igualmente, a juicio de esta organización, deben restringirse el destino del patrimonio público de suelo. Esta figura es una buena herramienta para luchar contra la especulación urbaní­stica y para abaratar la vivienda ya que son bolsas de suelo destinadas a la construcción de VPO. Actualmente, los Ayuntamientos incumplen la creación del patrimonio públicos de suelo y en caso de tenerlo se destina a usos que no corresponden a este tipo de suelo. Para cambiar esta tendencia, el nuevo texto de Ley debe ser más restrictivo en cuanto a los destinos del patrimonio público de suelo.

Otro aspecto que no convence a Ecologistas en Acción es el hecho de que el texto de Ley exima de la obligación de reservar suelo para VPO las urbanizaciones de segunda residencia.

Esta organización, lamenta que el Partido Popular, antes de estar aprobada la Ley definitivamente, esté anunciando recursos de inconstitucionalidad. El nuevo texto, aunque tí­mido, supone un paso importante para luchar contra la situación de abusos urbaní­sticos y de ninguneo de los ciudadanos.

Por otra parte, dado que son las Comunidades Autónomas las competentes en materia urbaní­stica, deberán ser estas las que modifiquen sus normativas actuales para incorporar los criterios y preceptos del nuevo texto de Ley. Sólo de esta manera se podrá iniciar un camino de retorno a la racionalidad urbaní­stica y poner fin a los negativos efectos derivados de la Ley de 1998.