"Esta conferencia, que se suponí­a destinada a proporcionar real apoyo financiero a millones de pobres, ha sido secuestrada por una agenda industrial, en la que las organizaciones no gubernamentales han sido deliberadamente excluidas de las discusiones. Es increí­ble, pero en Monterrey se están tomando a puerta cerrada decisiones que conciernen a millones de personas", afirmó Emilio Rull, responsable de la Campaña de Energí­a de Greenpeace España.

Las negociaciones de Monterrey han puesto de manifiesto la hipocresí­a de los gobiernos en lo relativo al desarrollo sostenible. A menos que en los trabajos que restan haya cambios sustanciales, particularmente en las posiciones de los paí­ses del norte, los resultados con los que se llegará a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en agosto del 2002, serán francamente malos.

Lo único sostenible en esta conferencia es la forma en que los gobiernos se ajustan a imposiciones y exigencias de la industria para acceder a nuevos mercados. El "Consenso de Monterrey" es simplemente un acuerdo entre industrias y gobiernos que no reducirá la brecha entre ricos y pobres ni hará decrecer la degradación del ambiente de nuestro planeta, meta propuesta hace 10 años en Rí­o. No puede haber consenso cuando millones de voces no están siendo escuchadas", agregó Rull.

Más aún, ninguno de los 8 puntos propuestos por Greenpeace para que fuera exitoso el encuentro de Monterrey fue incorporado a las discusiones. Un punto clave propuesto es que los organismos financieros internacionales y los gobiernos destinen recursos al desarrollo y uso de energí­as sostenibles como mecanismo para luchar contra la pobreza, dado que el acceso a energí­a limpia es fundamental para un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.

Con vistas al WSSD de Johannesburgo, Greenpeace llama a lanzar una campaña de energí­a renovable que efectivamente beneficie a los dos mil millones de pobres que no tienen acceso a la electricidad.